Dos ex alcades de Sariñena responden ante el TSJA por una supuesta prevaricación en la concesión de licencias

El TSJA juzgará desde este miércoles hasta el martes de la semana que viene a cuatro cargos públicos, dos de ellos los ex alcaldes de Sariñena pertenecientes a PP y PSOE, por una supuesta falsedad documental y prevaricación al dar unas licencias de ubicación de dos granjas de cerdos. La Fiscalía niega que existan esos delitos.

Zaragoza.- Dos ex alcaldes de Sariñena, Antonio Torres (PP) y Lorena Canales (PSOE), ahora diputados autonómicos, se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, junto al ex concejal Ángel Alastrué (PAR) y al ex secretario municipal Pedro Martínez, acusados de prevaricación, falsedad documental y desobediencia.

La acusación, que pide cárcel e inhabilitación, la formula el ex edil de esta localidad oscense Pedro Martínez por considerar que hubo irregularidades en la tramitación de licencias de su granja de cerdos y la de otro vecino. Ahora llega al TSJA basándose en el incumplimiento de una sentencia de 2005. El demandante, con cinco fallos judiciales a su favor en seis años, continúa sin obtener la licencia para construir una granja porcina que ya solicitó en 2001.

Las defensas, realizadas por los letrados Javier Fanlo, José María Gascón y Miguel Ángel Pinedo, piden la libre absolución de los cuatro encausados, así como el representante de la Fiscalía, Carlos Sancho, quien en un escrito de más de treinta folios, considera que no cometieron ningún delito.

No obstante, se señala que existió un “cierto desorden” en el Consistorio de Sariñena porque hubo hasta tres secretarios en la época en la que sucedieron los hechos provocando una “gran inestabilidad en la tramitación de los expedientes municipales”. Es más, asegura que todo coincidió con unas elecciones en las que el ahora diputado popular y portavoz en las Cortes, Antonio Torres, tuvo una participación “muy relevante” y que el control administrativo era “prácticamente imposible y por supuesto nunca injusto y arbitrario”.

También el Ministerio público presenta varias sentencias del TS que han creado jurisprudencia para destacar que para que exista prevaricación tiene que recaer en una ilegalidad “evidente, patente, flagrante y clamorosa, asociada con la arbitrariedad y que ocasiona un resultado materialmente injusto”. Algo que en este caso, según señala, no concurre.

Dada la gran cantidad de informes y declaraciones la vista comenzará este miércoles y durará hasta el martes 27 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en 2003, casi dos años después del que el querellante hubiera obtenido los permisos para construir una granja de engorde de porcino, con una inversión de 45 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, sin haber iniciado las obras solicitó al Ayuntamiento una modificación de licencia para albergar un ciclo cerrado, realizándolo antes de que su vecino de finca José Luis Mazuque lo solicitara y al que se le concedió y ya está construida, después de invertir más de 300.000 euros.

Y es que a pesar de que Pedro Martínez fue el primero en pedirlo, el Ayuntamiento no lo tramitó y ya no pudo levantar la nave porque después de construirla el vecino ya no cumplía la distancia mínima exigida para ese tipo de explotación.

Ahora el TSJA deberá dilucidar si hubo algún tipo de delito en la actuación de los responsables públicos o si todo es como consecuencia del “desorden” que había en el Consistorio.