La defensa recurre al Supremo la condena del crimen de Sabiñánigo

La abogada de la defensa, Carmen Sánchez Herrero, ha recurrido al Supremo la sentencia condenatoria de 27 años de cárcel para el constructor serrablés por el secuestro y asesinato de la empresaria Pilar Blasco. La acusación particular, realizada por Enrique Trebolle, también la ha recurrido para que se aplique la agravante de ensañamiento.

Zaragoza.- La sentencia condenatoria al constructor serrablés, Francisco Javier Puyó, por el secuestro y asesinato de la empresaria Pilar Blasco no gustó a la partes. Por ello, tanto la abogada de la defensa, Carmen Sánchez Herrero, como el abogado de la familia de la víctima, Enrique Trebolle, han decidido recurrir la sentencia.

La penalista Sánchez lleva el caso ante el Tribunal Supremo, ya que entiende que su cliente no fue el autor del asesinato. No obstante, la Audiencia Provincial de Huesca le condenó a 27 años de prisión. Por su parte, el otro imputado, Gabriel Trebean, fue absuelto, ya que los magistrados no consideraron que exista suficiente constancia de su participación activa en la retención y posterior muerte de la víctima.

Además, a Puyo se le prohíbe acudir a la localidad de Sabiñánigo, así como de aproximarse a menos de quinientos metros y de comunicarse por cualquier medio con los familiares de la víctima, marido e hijos, en todos los casos por tiempo de 35 años.

El tribunal, de la misma manera, condena igualmente a indemnizar a la familia, representada por Enrique Trebolle, con 140.000 euros por daños morales y a las que se suma el pago de un tercio de las costas procesales, con inclusión de igual fracción de las causadas por la acusación particular. No obstante, este letrado también recurre por entender, según fuentes consultadas, que debe de aplicarse la agravante de ensañamiento.

El fallo consideró probado que Francisco Javier Puyó, en compañía de unas personas de nacionalidad rumana sin identificar, secuestró el 10 de junio a la víctima, que fue golpeada de forma brutal hasta que perdió la consciencia y posteriormente tirada al canal de Jabarrella con varios sacos de arena atados a su cuerpo.

La víctima, que seguía inconsciente pero que aún vivía en el momento en que fue arrojada al canal, falleció minutos después por sumersión.

Dos días antes de la localización del cuerpo, el constructor envió un fax desde un locutorio de Zaragoza para pedir un rescate a la familia, con la que mantenía una elevada deuda que ya había sido reclamada por la fallecida y su esposo. A pesar de negar el envío, el constructor fue grabado por una de las cámaras de locutorio el mismo día en que la familia de la víctima recibió la petición de rescate.

Asimismo, los magistrados dudaron de que “su intención fuera procurarse un beneficio patrimonial inmediato, pues de ser así no se entiende bien que abandonaran las joyas junto con el cuerpo de la persona que las llevaba consigo”. 

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