La defensa deja entrever rencillas entre los dos ganaderos afectados por las licencias en Sariñena

En el TSJA ha continuado el juicio contra cuatro cargos públicos del Ayuntamiento de Sariñena por la supuesta prevaricación a la hora de conceder dos licencias de granjas de cerdos. Durante la misma, los abogados han dejado entrever rencillas entre los dos afectados que explicarían que el querellante decidiera reorientar su explotación.

Zaragoza.- Tercer día del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el caso de las licencias de explotación de granjas ganaderas. En él, las defensas han resaltado que los dos propietarios de las granjas de cerdos afectadas por las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Sariñena se llevaban mal y que eso fue el detonante de que el querellante, Mariano Martín Domper, decidiera modificar la actividad de su explotación y comenzara todo este proceso que ha acabado con el procesamiento contra cuatro cargos públicos del Consistorio, entre ellos los ex alcaldes del PP y PSOE, Antonio Torres y Lorena Canales.

Y es que Martín Domper pidió el 5 de marzo de 2003 la modificación de licencia para orientar la instalación a una granja de cría y no a una de cebo que había realizado en un primer momento. Sin embargo, según ha señalado éste ante los magistrados, fue demorada en su tramitación, lo que permitió dar salida a otra licencia de actividad de un vecino, José Luis Mazuque.

Este hecho, es decir, la aprobación de una segunda explotación de cebo a poco más de un kilómetro de distancia de su propiedad, provocó que no pudiera implantarla, ya que en la normativa sanitaria se señala que no puede haber dos instalaciones de dichas características a menos de dos kilómetros.

La explicación que ha dado Martín Domper, ante preguntas del abogado de la acusación Javier Peregrina, es que hubo una “extraña coincidencia” en la pérdida de la solicitud del cambio de orientación que hubiese impedido que el otro ganadero no hubiese podido llevar a cabo la construcción de explotación.

No obstante, el querellante no ha sido capaz de asegurar que los cuatro acusados, los dos ex alcaldes, el concejal de Urbanismo del PAR, Rafael Alastrué, y el secretario Pedro Martínez, se hubiesen puesto de acuerdo para actuar de forma intencionada contra él.

El querellante compartía con el otro ganadero el mismo ingeniero que les diseñó el proyecto

Pero este argumento no ha convencido a los letrados de los encausados, Javier Fanlo, José María Gascón y Miguel Ángel Pinedo, quienes han puesto de manifiesto que ambos no se hablaban después de que Mazuque entrara en una cooperativa, provocando, según Martín Domper, su expulsión. Esta situación, unida a que ambos compartieron el mismo ingeniero que les diseñó la explotación porcina, es para los letrados el origen de que se decidiera cambiar la explotación y así apartar a la persona que pasó de ser un amigo a un enemigo.

Por la sala del TSJA también ha acudido a declarar Mazuque, el otro ganadero en cuestión afectado, que, aunque mantiene la granja abierta porque está criando 800 cerdas, tendrá que cerrarla en cumplimiento a una sentencia. Éste ha anunciado que ha iniciado un pleito de reclamación patrimonial contra el Consistorio sariñense por los daños sufridos, ya que ahora tendrá que clausurar una granja que tuvo unas licencias y que ha tenido una inversión.

Es más, ha afirmado que el otro día paró a Martín Domper para pedirle explicaciones y que éste le dijo, aunque sin testigos delante, que “no piensa llevar a fin este proyecto porque sólo quiere revalorizar su propiedad”.

El juicio continuará la próxima semana. La acusación particular solicita penas de inhabilitación de nueve años para los cuatro acusados y multas de 9.000 euros por los delitos de prevaricación y desobediencia, así como de cinco años de prisión para Lorena Canales y el ex secretario de la corporación por falsedad documental. El fiscal y los abogados de la defensa la libre absolución.