Condenada a 22 meses de prisión una trabajadora de la Farmacia de la Academia General Militar tras llegar a un acuerdo

Una empleada de la Farmacia de la Academia General Militar de Zaragoza, acusada de apropiarse indebidamente de más de 64.000 euros, ha sido condenada a 22 meses de prisión tras llegar a un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Además, será inhabilitada en la Administración y deberá devolver el dinero sustraído.

Zaragoza.- Una empleada de la Farmacia de la Academia General Militar, Silvia G.N., será condenada a 22 meses de prisión por apropiarse indebidamente de 64.415,11 euros de este establecimiento. Durante el juicio, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han llegado a un acuerdo para reducir la pena, pues se solicitaban siete años de prisión inicialmente.

Además, esta empleada será inhabilitada entre cuatro y cinco años en la Administración del Estado frente a los catorce que se pedían en un principio, y deberá abonar 40.000 euros que se sumarán a los 25.000 que ya ha entregado. Para el abogado de la acusada, Eladio José Mateo, “es la mejor solución que se podía alcanzar porque no llega a dos años de prisión”.

Silvia G.N. iba a ser juzgada este lunes por un Jurado Popular conformado por once hombres y mujeres del pueblo, pero no ha sido necesario porque el Ministerio Fiscal y la acusación particular han llegado a un acuerdo.

Según la acusación, Sivia G.N. se apoderó de más de 64.000 euros con dos modus operandis. Uno de ellos, lo realizaba tras acabar las ventas del día cuando efectuaba una devolución ficticia de productos previamente vendidos, con lo que se producía una salida de efectivo de la caja que la acusada hacía suyo. Silvia también ha sido acusada de sustraer directamente del almacén los productos farmacéuticos, de los que o bien vendía directamente al público sin efectuar anotación alguna o hacía suyos, ocultando estas maniobras mediante borrados masivos y manuales no notificados ni autorizados en el diario de operaciones.

El abogado defensor asegura que en realidad sólo se apoderó de entre 24.000 y 25.000 euros, y lo hizo porque “recibió amenazas telefónicas”, por parte de personas desconocidas, que la citaban en parques de la capital aragonesa, exigiéndole cantidades económicas a cambio de no hacerle daño físico a sus hijas.