Aragón registró 724 menores en situación de riesgo en 2022

niño mira por la ventana
photo_camera El 70% de los casos en los que se abren diligencias previas, terminan en una declaración de riesgo.

Un total de 724 menores aragoneses fueron declarados en situación de riesgo en 2022. Se trata de un dato desprendido del “Informe Especial sobre Situaciones de Riesgo en la Infancia y Adolescencia en Aragón” elaborado por el Justicia de Aragón tras analizar problemas en la salud, educación o violencia familiar de los niños de la comunidad y que define que el 70% de los casos en los que se abren diligencias previas, terminan en una declaración de riesgo.

Estos menores no son siempre extraídos de su núcleo familiar, pero según el documento, entre 150 y 200 fueron acogidos por otras familias, mientras que 300 se instalaron en residencias. Además, Aragón es la única comunidad autónoma en la que no hay ningún menor de 6 años institucionalizado.

Dicho informe ha sido entregado este lunes por el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. De esta manera, Hernández ha puesto de manifiesto ante el ejecutivo aragonés que “los recursos y políticas para proteger al menor no son suficientes”.

UNA NUEVA LEY CON LOS MENORES EN EL CENTRO

Por estos motivos, el asesor de Infancia del Justicia, Andrés Esteban, ha resaltado que es necesaria “una nueva ley integral en Aragón que ubique a los niños y niñas en el centro y que haya un debate político sobre la infancia en la comunidad”. Esteban ha recordado que la última ley de infancia es de 2001, con un intento fallido de reforma en 2018, y "aunque fuimos pioneros en su momento, ahora está obsoleta". Asimismo, ha solicitado una mejora de los “sensores de riesgo”, porque “si no se detecta el riesgo, no se puede prevenir”.

Esteban también ha marcado como prioridad realizar actividades comunitarias de prevención para que los agentes involucrados en la detección puedan avistar las situaciones de riesgo. Estos agentes son las fuerzas de seguridad y sanitarios, pero también los profesores que están en el aula. Por ello, el Justicia de Aragón ha requerido la inclusión de más profesionales con mejor formación para realizar un correcto seguimiento de estos menores en riesgo, debido a que en muchas ocasiones "el personal está saturado, tiene mucha rotación y a veces, está poco especializado".

Otro de los planteamientos propuestos desde el Justicia de Aragón ha sido que los servicios sociales sean comprensibles con aquellos niños y familias que tienen abierto un procedimiento que, en ocasiones, se puede alargar de los 18 a los 24 meses. “Hay que darles toda la información posible a los niños, que sepan que es lo que va a ocurrir, pero también a los progenitores para que puedan cambiar su conducta”, ha señalado Esteban.

Por último, también han demandado la necesidad de un proyecto uniforme de intervención social y educativo familiar, porque en muchos casos no es posible obtener datos reales de los menores en riesgo.