Aragón y Cataluña, más allá de la muga sanitaria

Las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña siguen en pie de guerra. Un tira y afloja que se centra en el gasto sanitario que realizan los aragoneses orientales en centros leridanos y que, según los catalanes, debe asumir la Administración aragonesa. Al otro lado de la muga se multiplican las quejas y las solicitudes.

Huesca.- Las vecinas Aragón y Cataluña continúan sus litigios. Esta vez no es hora de los consabidos Bienes, sino del gasto sanitario que los aragoneses orientales vierten sobre las arcas leridanas. Al respecto siguen las tiranteces entre ambas Administraciones, la catalana pide que los gastos se sufraguen con capital aragonés, mientras que el Gobierno de Aragón pone sobre la mesa la posibilidad de cargar dicho gravamen al Fondo Interterritorial gestionado por el Gobierno central.

Esta polémica vuelve a renacer tras conocerse los recortes que la Administración catalana está llevando a cabo en materia sanitaria. Al respecto el Conseller de Salud, Boi Ruiz, volvió a meter el dedo en la llaga recalcando que se debe pasar factura a Aragón por la atención sanitaria que se presta a los aragoneses de la Franja. Según la Generalitat de Cataluña, la Comunidad aragonesa adeuda cerca de 50 millones de euros de sus vecinos desplazados a los centros, sobre todo, hospitalarios donde se ofrecen sus servicios con mayor proximidad.

Es el caso de la Litera o el Bajo Cinca. La mayoría de sus vecinos acuden regularmente a la capital leridana para recibir reconocimientos o ser intervenidos. Una realidad a la que están muy acostumbrados y que ahora temen que se pueda acabar. “A mí siempre me han operado en Lérida y ahora me tienen que operar de la cadera y no sé si me lo podrán hacer”, resalta Leoncio Bellés que a sus 80 años siempre ha sido beneficiario de este convenio no escrito entre Comunidades.

Los enfermos de la Franja reclaman ser atendidos en Cataluña

La cercanía territorial y la variedad de servicios que ofrecen centros como el Ambulatorio Prat de la Riva o el Hospital Arnau de Vilanova entran en competencia directa con centros como el Hospital de Barbastro. Las comunicaciones son el principal problema para los habitantes literanos que poseen un servicio de transporte público mucho más activo hasta la capital del Segria en detrimento de los que cubren el trayecto hasta la capital del Somontano. A ello se suma la progresiva adecuación de especialidades que ha sufrido el centro hospitalario barbastrense que conllevaba el traslado de pacientes a los hospitales de Huesca o Zaragoza.

Todas estas circunstancias han motivado que los aragoneses orientales hagan uso de la sanidad catalana. Ahora la preocupación se cierne sobre lo que ellos ven como habitual a la espera de una solución ante este conflicto. La rumorologia también ha tomado protagonismo tras el anuncio del conseller catalán. Los habitantes de la zona afectada no dejan de expresar su malestar ante la posibilidad de que dejen de firmar volantes para Lérida o quede en el aire la posibilidad de ser intervenidos en el centro catalán. Por ello, en Tamarite de Litera ya se escuchan rumores sobre la derivación de citas. Al respecto desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón no se tiene noticia del cambio de derivación de enfermos.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios de Huesca no ha recogido ninguna queja al respecto desde el anuncio que realizaba Cataluña.

Denuncias públicas

Los fragatinos, por su parte, también han salido a la palestra para denunciar su situación sanitaria. Lo hacía el Partido Socialista de la mano de su portavoz en el Ayuntamiento de Fraga, Miguel L. Lapeña, y el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada. Ambos políticos solicitaban a la Administración aragonesa y a la local que se preocuparan por los ciudadanos de las comarcas orientales con la garantía “total” que ofrece el convenio vigente entre Aragón y Cataluña. Un pacto intercomunitario firmado en 2005 como Sada dejó patente ante los medios de comunicación recordando la garantía efectiva de los derechos recogidos en la Ley de Sanidad y Cohesión. Todo ello con la carga económica que absorbía directamente el Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad, que se hacía cargo de los pacientes que se atendían fuera de su Comunidad.

Al respecto el portavoz del PSOE en Fraga solicitó al alcalde de la localidad “que se interese por esta situación y se ponga en contacto con el alcalde de Lérida y realice las gestiones ante las instituciones competentes para que siga vigente el convenio del 2005 sin lesionar las buenas relaciones entre Aragón y Cataluña”. Lapeña también dejó patente que 60.000 aragoneses reciben atención sanitaria en centros hospitalarios de Cataluña.

El consejero de Sanidad de la DGA recibió el apoyo de la ministra de Sanidad

Tras esta declaración de intenciones la concejal delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Fraga, Sofía Barco, agradeció al PSOE su interés. “Es importante que quieran ayudar y que se muestren beligerantes y vigilantes como dicen. Es la labor que deben ejercer como oposición”, apuntó. Además, se encargó de recordar que “es algo que viene de atrás, no es una cosa que haya surgido con los últimos cambios de gobierno en una y otra Comunidad”. Finalmente anunció su reunión con el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y su intención de iniciar conversaciones con la Administración catalana. “No hay sólo que hablar de este convenio con Cataluña, también se pueden hacer otras cosas para mejorar la atención sanitaria a los vecinos del Bajo Cinca. Hay que fortalecer los servicios del Centro de Alta Resolución que tenemos en Fraga, los de nuestro hospital de referencia y los de los hospitales de Zaragoza, que hace falta. Pero, quede claro que les agradezco su interés”.

Reacciones políticas

Las reacciones no se hicieron esperar y el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, salió al paso proponiendo que las facturas que generan los aragoneses se las pase al Estado.

El titular de este Departamento también ha recordado que el acuerdo entre las dos Comunidades Autónomas no permite el cobro por estas prestaciones. “Si queremos hablar del fondo de compensación que tiene el Ministerio de Sanidad también se puede decir que es manifiestamente insuficiente”, declaró Oliván que espera reunirse con el secretario general de Sanidad a raíz de una carta enviada a la ministra de Sanidad, Leire Pajín.

En cuanto a la problemática que se había abierto este verano con la dispensación de recetas en Cataluña, Oliván aseguró que “parece que se ha calmado el tema pero el problema sigue ahí”. “Pienso buscar una solución. Por mi parte creo que el Ministerio tiene que mostrar más claramente su autoridad en este tema”, advirtió el consejero que dejó patente que “es una cuestión que no se tiene que centrar en un debate bilateral entre Aragón y Cataluña porque afecta a muchas Comunidades”.

El Partido Aragonés de la mano de su diputado Manuel Blasco, también ha presentado una proposición no de ley en la que solicita al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que mantenga el derecho de los aragoneses residentes temporalmente en Cataluña a poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios que la Ley General de Sanidad reconoce para todo ciudadano español.

La Administración catalana pide el pago de más de 50 millones en gasto sanitario

Razón de peso

La cuestión transfronteriza finalmente llegó a manos de la ministra de Sanidad, Leire Pajín. Ésta fue contundente y dio la razón a la causa aragonesa en el asunto de las recetas médicas de aquellos ciudadanos que se desplazan temporalmente a otras Comunidades en sus periodos vacacionales. La titular de Sanidad también ponía sobre la mesa la necesidad de abordar esta problemática con las siete Comunidades implicadas, una por una.

En su misiva Pajín añadió que “me consta que compartes conmigo la obligación de las autoridades sanitarias de asegurar una atención adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud y que esta atención no debe verse afectada por eventuales desplazamientos que el ciudadano pueda realizar", en respuesta a la solicitud cursada por parte del consejero, Oliván.

Además, la ministra de Sanidad recordó que el ordenamiento español en materia sanitaria se sustenta en los principios de "igualdad y equidad", que se encuentran en la Ley General de Sanidad, refiriéndose expresamente a los desplazados en todas las áreas de asistencia.