La DGA pide más medios al Ministerio para aplicar la futura ley de protección del menor

El consejero José Luis Bancalero ve con buenos ojos el anteproyecto, aunque cree que Aragón ya está “sensibilizando” a menores y profesionales 
El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Foto: Cortes de Aragón
photo_camera El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Foto: Cortes de Aragón

El anteproyecto de Ley para la protección a las personas menores de edad en entornos digitales, presentado este martes en el Consejo de Ministros, ha tenido sus primeras reacciones desde Aragón. El consejero de Sanidad del Gobierno regional, José Luis Bancalero, ha valorado positivamente la medida, como “cualquier acción” en este mismo sentido, aunque con matices. De nuevo, ha pedido al Ministerio que su aplicación, si bien pendiente todavía de una larga tramitación parlamentaria, venga acompañada de medios económicos y humanos, y es que a su juicio tampoco sobran los pediatras. “No puede ser yo invito y tú pagas”, ha ironizado Bancalero.

Sobre estos especialistas recaerían, de acuerdo a la norma, tareas como la detección en las consultas de posibles adicciones a las pantallas. El Gobierno Central cree que algunos casos pueden derivar en una exposición a los usos indebidos de la Inteligencia Artificial, como los denominados ‘deepfakes’, o a la pornografía desde edades tempranas. No obstante, el consejero ha apuntado que en la Comunidad ya existen protocolos a determinada edad y, de la mano del Departamento de Educación, se ha regulado el uso de los móviles en colegios e institutos.

La ley pretende también alejar a los más jóvenes de la “violencia” o posibles Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Respecto a esta segunda cuestión, Bancalero ha añadido que se trabaja desde hace un tiempo en un programa de detección, que podría echar a andar el próximo curso en los colegios aragoneses.

Según han explicado los responsables del Gobierno de España este martes, tres de los ejes principales de la futura norma consistirán en “mejorar el conocimiento de los menores y sus familias sobre los riesgos de los entornos digitales”, sancionar “la vulneración de derechos” y las malas prácticas y obligar “a grandes operadores e influencers” a seguir las citadas directrices “para garantizar la información y derechos de los menores”. En uno de sus puntos destacados, se propone elevar la edad de acceso a las redes sociales de los catorce a los 16 años.