Unanimidad en las Cortes para erradicar la pobreza energética que afecta a más de 7.200 hogares aragoneses

Todos los partidos han apoyado en el Pleno de las Cortes un texto legislativo, presentado por Podemos y con enmiendas del resto de formaciones, para reducir la pobreza energética que afecta a más de 7.200 hogares en la Comunidad. Es la primera Ley de carácter social que nace de la Cámara autonómica en esta legislatura.

Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado, este jueves, la Ley de reducción de la pobreza energética, la primera Ley de marcado carácter social en esta legislatura. El Pleno de la Cámara autonómica ha sido testigo de un respaldo unánime al texto legislativo de Podemos, enmendado por el resto de los grupos parlamentarios, que pretende erradicar la pobreza energética que afecta a más de 7.200 hogares en Aragón a través de unas ayudas para aquellos que reciben ingresos iguales o inferiores a 1.065 euros al mes. 

El coordinador de la Ponencia que ha trabajado esta Proposición de Ley, el diputado de Podemos Nacho Escartín, ha valorado que esta Ley va a resolver "un tremendo problema que afecta a miles de familias" y que el texto se ha realizado "buscando unir todas las sensibilidades" de los grupos políticos. Así de las 51 enmiendas parciales que se presentaron, ha detallado Escartín, sólo tres fueron retiradas, mientras que 45 han sido transaccionadas y dos aprobadas directamente. "Esto es un ejemplo de que si hay voluntad política podemos encontrar soluciones para la sociedad aragonesa", ha reivindicado el diputado de la formación morada. 

La enmienda restante, presentada por Izquierda Unida y que defendía la creación de una entidad pública aragonesa para la comercialización energética, ha decaído en la votación del Pleno. 

Entrando en el articulado de la Ley que se ha aprobado este jueves, y que entrará en vigencia cuando se publique en los boletines oficiales, se compone de catorce artículos distribuidos en cinco capítulos diferentes, además de varias disposiciones. El objetivo principal es el "pago del consumo energético con el que satisfacer las necesidades domésticas básicas", en los servicios de electricidad, gas y agua de los hogares. 

En cuanto a la definición de personas u hogares en situación de vulnerabilidad a los que se beneficia, la Ley determina que se refiere a aquellos cuyos ingresos totales sean "superiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) e iguales o inferiores a dos veces el IPREM, en cómputo anual"; es decir, ingresos entre 532 y 1.065 euros al mes, en la actualidad. 

Además, el criterio se ampliará a 2,5 veces el IPREM cuando se cuente con, al menos, un menor a cargo, se trate de una persona que sufre violencia de género o haya afectados por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio.    

La Ley cuenta con un grado más elevado, denominado situación de especial vulnerabilidad, en el que se encuentran aquellas personas u hogares que perciben menos de 532 euros al mes.

Esta situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad se acreditará, mediante un informe de la Administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Además, la Ley recoge el desarrollo por parte del Gobierno de Aragón de un plan de medidas de eficiencia energética en el que "se priorizarán las actuaciones en hogares en situación de vulnerabilidad energética". Así, "estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y por lo tanto el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad".

Sobre la financiación de las ayudas en el pago de la factura del consumo energético, se contempla que dependerán de los Presupuestos autonómicos. A la par, el Gobierno de Aragón impulsará ante el Gobierno de España "aquellas modificaciones legislativas que permitan obtener tarifas más accesibles a las personas".  

Para todo ello, la Comunidad de Aragón "establecerá con las entidades locales competentes los convenios de colaboración pertinentes" para que estas puedan afrontar los costes derivados del trabajo de los servicios sociales. 

Grupos parlamentarios

Tras la valoración política del diputado de Podemos Nacho Escartín, el resto de grupos parlamentarios han subrayado el consenso con el que ha salido adelante esta ley y los acuerdos que se han tomado, así como el trabajo de los servicios jurídicos.  

El Partido Popular ha expresado que es una Ley que "tiene coherencia y cumple los objetivos", para "garantizar el servicio básico de luz, agua y electricidad a las personas en vulnerabilidad", tras "corregir los conceptos jurídicos indeterminados y definir bien los beneficiarios", tal y como ha manifestado Dolores Serrat. 

La diputada del PSOE Pilimar Zamora ha subrayado que se va a "trabajar en dar información a los consumidores, incrementar la coordinación de los departamentos, y establecer una cooperación de las empresas suministradoras y con los servicios sociales de los municipios". 

El diputado Jesús Guerrero, por parte del Partido Aragonés (PAR), ha valorado que la Ley va a servir para "atajar de raíz" el problema de la pobreza energética, y que, además, hay que trabajar en "factores" como "la renta, los precios de la energía y la eficiencia". 

Mientras, Ciudadanos ha manifestado que "la generación de empleo es el mecanismo para luchar contra muchas desigualdades como la pobreza energética", en palabras de Desirée Pescador. 

Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA) valora que la Ley pretende alcanzar "una mayor cooperación entre las administraciones públicas y las compañías energéticas", según Carmen Martínez.