Nolasco no asistirá a la bilateral por la Ley de Memoria y ve imposible acercar posturas

El principal representante de Vox en el Ejecutivo habla de “amenazas” de Moncloa con el posible recurso al Constitucional 
Alejandro Nolasco en las Cortes. Foto: Andrés García
photo_camera Alejandro Nolasco en las Cortes. Foto: Andrés García

Si el presidente aragonés Jorge Azcón ha dejado la puerta entreabierta (aunque más cercana al no) a asistir a la Comisión bilateral con el Estado por la derogación de la Ley de Memoria Democrática, su número dos ha dado este martes, pocos minutos después, un portazo explícito y textual a sentarse con el Gobierno de España. El vicepresidente y representante de Vox, Alejandro Nolasco, ha asegurado que no hay margen para acercar posturas con el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y que no darán “ni un paso atrás” ante la posibilidad de que Moncloa lleve la supresión de la norma al Tribunal Constitucional, el escenario en el que desembocaría una teórica reunión sin acuerdo.

“Lo pueden llevar al Constitucional, al Consejo Jedi o a Marte”, ha declarado Nolasco, que ha vuelto a quitar hierro al informe de los relatores de la ONU. Así las cosas, considera que la institución “no ha dicho absolutamente nada” y ha cuestionado la autoridad y objetividad de “una serie de personas que deben ser expertos en contestar encargos a medida”.

En una mañana de palabras cruzadas, el vicepresidente se ha referido a las del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el matiz de no tratarse de una bilateral al uso sino de “una especie de reunión de conciliación”, como ha parafraseado. En cualquier caso, la propia Delegación ha aclarado después que sí es “tan bilateral como la mantenida por el presidente y la ministra Ribera”. Para Nolasco, todo es “una amenaza velada”, como “si te quisieran llevar a juicio”.

“TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA”

El proceso que ahora se abre arrancará con la convocatoria formal, este mismo martes, de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Si todo termina en el Constitucional (con la fecha tope del día 26), tiene “la conciencia tranquila” de haber derogado la norma “legítimamente”, en base a una mayoría parlamentaria y a partir de una propuesta que ya estaba en el Pacto de Gobierno firmado en agosto del año pasado.

Sobre el papel tampoco cambia la futura implantación, incluso antes del verano, del Plan de Concordia. El también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia ha precisado que no tendrá rango de ley, al contrario de Castilla y León y Valencia, y no será necesario llevarlo a las Cortes, si bien la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ya explicó en noviembre del año pasado sus particularidades.

Sea como fuere, ni por la derogación ni por el futuro Plan, el vicepresidente ha indicado que Moncloa y la DGA no han mantenido contactos al margen de las comparecencias y declaraciones institucionales. “No nos han llamado porque no les interesa. Están montando un auténtico show, a ellos les da igual una solución real”, ha valorado, sobre una forma de actuar que ha tachado de “teatro”.