Nolasco: “2023 es histórico para Vox en Aragón pero no nos conformamos con eso”

Nolasco ha hecho balance del año, marcado en lo partidista por su entrada en el Gobierno. Foto: Cortes de Aragón
photo_camera Nolasco ha hecho balance del año, marcado en lo partidista por su entrada en el Gobierno. Foto: Cortes de Aragón

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y miembro de Vox, Alejandro Nolasco, ha valorado este jueves desde las Cortes el año político que ahora toca a su fin. En clave partidista, Nolasco no ha podido obviar su gran logro, como es la entrada en el Ejecutivo regional. “2023 es histórico para Vox en la Comunidad pero no nos conformamos con eso”, ha declarado, si bien reconoce que “el cambio ya es contundente” por haber “desalojado” al cuatripartito de Javier Lambán del Pignatelli.

El número dos de la DGA, esta vez como voz de su partido, ha recordado que todavía existe, dice, la “amenaza de Pedro Sánchez” para Aragón a raíz de los pactos con los independentistas o, como se desarrolla este mismo jueves, la moción de censura en favor de Bildu en Pamplona. “Es un día trágico para la democracia”, ha valorado.

De vuelta a la actualidad regional, Nolasco ha criticado del anterior Gobierno los retrasos por los pagos en las riadas, el “escándalo” a raíz del despliegue de las renovables, que ha terminado con una comisión de investigación y un decreto en el Tribunal Constitucional, o el “infierno fiscal” al que Lambán tenía “sometida” a la región. Así, ha apuntado que el objetivo sigue siendo bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones, para lo que se darán pasos el próximo año, o impulsar las ventajas fiscales anunciadas hace unos días por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

La despoblación será otro de los ejes a tener en cuenta, según las palabras de Nolasco, para lo que ha insistido en la creación de una consejería a tal efecto, que él mismo controla. También está previsto solicitar el denominado régimen ultraperiférico, otra de las medidas deslizadas por el vicepresidente estos meses.

Una mayor inversión en Justicia y la derogación de la Ley de Memoria Democrática, así como la eliminación de las instituciones relativas al catalán, han servido para poner el punto y final a la valoración desde las Cortes.

Más en POLÍTICA