El Gobierno transferirá algunas competencias a las comarcas que ahora ejercen como impropias

Las comarcas aumentarán su número de competencias con la reordenación que analiza el Gobierno aragonés. Así, algunas de las que ejerce ahora como impropias pasarán a ser propias. Entre los cambios que se proponen se encuentra la reducción del número de consejeros comarcales y del peso del personal en el presupuesto de estos entes.

Zaragoza.- El proceso de reordenación competencial ya está en análisis por parte del Gobierno de Aragón. La Dirección General de Administración Local, que dirige Paula Bardavío, está estudiando la normativa actual para definir éstas, las funciones y servicios que prestarán estas entidades.

Entre las líneas que se han podido conocer hasta el momento, el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, ha asegurado en la Comisión de este miércoles en las Cortes que “aspira no a que las comarcas dejen de ejercer competencias impropias, sino a que algunas de esas pasen a ser propias”.

El objetivo del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi es evitar duplicidades y hacer unas entidades viables, eficaces y eficientes.

La reordenación se hará, ha dicho Suárez, mediante una ponencia especial en las Cortes de Aragón con todos los grupos parlamentarios aunque con un documento guía del Gobierno. Eso sí, con unos plazos que marcará la coalición PP-PAR. El pacto final llevará a la presentación de un modelo que obligará a registrar en el Parlamento autonómico varios proyectos de ley.

Sin embargo, ha matizado el titular de Política Territorial, “influirá mucho lo que se haga a nivel nacional”, en referencia a las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre la reforma del sistema de financiación local. Aún así, ha insistido Suárez, no se va a esperar a ver qué hace el Gobierno central. Temor que le habían mostrado los diputados de la oposición María Carmen Sánchez (PSOE), Gregorio Briz (CHA) y Luis Ángel Romero (IU).

Se hará con consenso, algo que también le han solicitado todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Aragonés, quien ha puesto a las comarcas como “eje central” del territorio aragonés. Entre los caminos marcados se encuentra que los municipios son considerados por el Gobierno autonómico como la institución más importante a la que tienen que apoyar las comarcas y las diputaciones provinciales. Las primeras, como vertebradoras del territorio y prestadoras de servicios para las municipios que no pueden. Y las segundas, como asesoras, apoyando técnica y jurídicamente a las localidades. Ambas “no están en guerra, sino que son compatibles”.

Este apartado ha sido rechazado por el diputado de IU Luis Ángel Romero quien ha manifestado que “no se puede abarcar todo”.

Situación comarcal

El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, ha comparecido en primer lugar para hablar de la situación de las comarcas aragonesas después de haber finalizado su visita a éstas en marzo. Así, con datos de 2010, ha centrado su fortaleza en que llegan a cualquier punto del territorio y su debilidad en que un 35% del presupuesto se dedica al personal, así como ha marcado la necesidad de reducir el número de consejeros comarcales.

Su primera conclusión ha sido que estas entidades que prestan servicios están plenamente consolidadas en esa función a través de tres vías como son las funciones que han sido transferidas (que son ocho y suponen el 55,79% del presupuesto), las no transferidas (con el 24% del presupuesto y que han crecido en número en un 15% de 2005 a 2010) y las derivadas por los propios ayuntamientos.

El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, dice que el núcleo principal son los municipios
El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, dice que el núcleo principal son los municipios

Eso sí, contemplan necesidades de ajustes sobre todo en el bloque de personal, ha insistido el consejero Suárez y lo ha argumentado en torno a las cifras de 2010. Así sus gastos supusieron el 35% del presupuesto comarcal con 2.101 empleados (1.732 a jornada completa), es decir, “que han nacido con los mismos defectos que el resto de las administraciones públicas, que es un excesivo peso del personal”. A la cabeza se encuentra Acción Social con el 50% y Administración General con el 10%, “lo que es mejorable”.

Por otro lado, uno de los problemas con el que cuentan las comarcas es que la mayor parte de sus ingresos, 136 millones de euros en 2010, proceden de la Comunidad Autónoma (el 72%) y sólo el 9% procede de lo que recaudan en tasas y precios públicos. Además, se le unen lo que pagan los ayuntamientos por traspasarles servicios, el 13,5%. Asimismo, en lo que se refiere a gastos el mayor peso es con la Administración General y órganos directivos que suponen el 20%. En cuanto al número de consejeros comarcales, Suárez apuesta por reducir su número (hay 791, más que municipios que son 731) y dar representación a todos los municipios en el Consejo Comarcal.

El consejero de Política Territorial también ha repasado la evolución presupuestaria de 2005 a 2010. De este modo, en Acción Social creció un 58%, los usuarios crecieron un 42% frente al personal que lo hizo un 81%. En Cultura disminuye un 5%, aunque se destaca la elevada profesionalización del personal, lo mismo que ocurre con Patrimonio Cultural, éste baja un 11% y gana profesionalización también del 50%. En Deportes se ha crecido un 15% con muchísimas instalaciones y las agrupaciones deportivas se han triplicado así como los juegos escolares en un 38%, una de las áreas de mayor crecimiento. En Juventud el aumento es cercano al 25%, que ha sido calificado por Suárez de sostenido. En Residuos Urbanos ha sido un alza del 55% con siete comarcas que lo hacen directamente y catorce con contratas así como otras lo hacen por agrupaciones, triplicándose la recogida selectiva. En Protección Civil se sube un 55%, sobre todo el número de voluntarios (56%). En Turismo se crece un 6%, desigual en unas y otras.

Todos los diputados de los grupos parlamentarios presentes en las Comisión de Política Territorial, Luis Ángel Romero (IU), Gregorio Briz (CHA), María Herrero (PAR), María Carmen Sánchez (PSOE) y María del Mar Vaquero (PP), han destacado el consenso con el que nacieron las comarcas, su labor de prestación de servicios a los ciudadanos en todo el territorio y su vertebración. También han incidido todos en la necesidad de dotar de financiación ajustada a los servicios que prestan las comarcas tanto propias como impropias y la reordenación de éstas, para que se deje de atender lo que no le es transferido y, por lo tanto, lo que no tiene presupuesto.

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