El Gobierno de España eleva a Europa la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón

Moncloa llevará la derogación de la Ley de Memoria Democrática a las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europeo
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photo_camera Moncloa busca frenar las derogaciones de la Ley de Memoria Democrática por ser “contrarias” a los valores democráticos. Foto de archivo

El Gobierno de España va a elevar su batalla judicial contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que ya se encamina hacia el Tribunal Constitucional. Desde Moncloa llevarán esta cuestión a las principales instancias europeas e internacionales, como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, con el objetivo de frenar unas medidas “contrarias” a los valores democráticos.

Esta misma semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya anunció que trasladaría esta acción al Tribunal Constitucional si el Gobierno de Aragón no accedía a reunirse y buscar un acuerdo entre ambas partes. La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ya rechazó de plano este encuentro y tildó la derogación de “jurídicamente intachable”, por lo que serán los jueces quienes decidan el futuro de la Memoria Democrática de Aragón.

A nivel internacional, Moncloa recurrirá al Relator especial sobre verdad, justicia y reparación y el Relator de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.

En el Parlamento Europeo, el Gobierno central promoverá distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo S&D (Socialists and Democrats). 

Finalmente, en el Consejo de Europa se pedirá un debate urgente para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, así como se informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación, y se solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en el país.