El Gobierno Central estudia la posible retirada de la Cruz de los Caídos de Teruel

El Ayuntamiento continuó con su rehabilitación pese a existir una orden de retirada previa, según ha informado el PSOE 
 
Imagen de la cruz. Foto: PSOE
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Lío en Teruel alrededor de la Cruz de los Caídos. El PSOE ha denunciado este miércoles la intención del Ayuntamiento, que dirige la popular Emma Buj, de restaurar un símbolo sobre el que pesa una orden de retirada conforme a la Ley de Memoria Democrática de Aragón, antes de su derogación, y supondría infringir también la normativa estatal. Así lo han resaltado los socialistas, con la líder provincial y portavoz en las Cortes, Mayte Pérez, a la cabeza. “Es un símbolo franquista que reconoce solo a una parte de las víctimas y sigue olvidando a las que nunca fueron reconocidas y fueron vilipendiadas durante la dictadura”, ha asegurado. Además, considera “una provocación” que la rehabilitación pueda llevarse a cabo con fondos municipales.

El asunto podría tomar cariz nacional. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado en su visita a Zaragoza que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “estudiará lo que se puede hacer”, en referencia a una posible retirada. “El Gobierno está por el cumplimiento de la ley estatal y los compromisos”, ha resaltado. De acuerdo al PSOE, la orden de retirada llegó en junio de 2023.  “Es absolutamente indecente e inmoral que una institución, un ayuntamiento, no solo no cumpla con la obligación legal y hacer caso a los requerimientos, sino que además invierta dinero público (unos 31.000 euros)”, ha insistido Mayte Pérez, quien se ha encargado de poner el asunto en manos de la Subdelegación del Gobierno.

La ley estatal del año 2022 considera infracción muy grave “la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura”. También de “sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”.

UN ABANICO DE MULTAS DE 10.000 A 150.000 EUROS

El régimen sancionador de la norma contempla como grave “el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. Eso sí, este requerimiento solo se ha dado desde la DGA y no, al menos todavía, de mano de Moncloa. En el supuesto de que la orden llegase y se omitiese, la administración central “podría imponer multas coercitivas, hasta diez sucesivas por periodos de un mes”, de entre 200 y 1.000 euros, de acuerdo al citado artículo.

Las infracciones “muy graves” contemplan una horquilla de sanciones económicas que va desde los 10.002 a los 150.000 euros; las graves 2.001 a 10.000 y las leves 200 a 2.000. En ellas influyen variables como la cuantía del perjuicio causado, el grado de culpabilidad, la reincidencia o “la trascendencia para la conservación y recuperación de la memoria”. Asimismo, las personas físicas o jurídicas sancionadas se exponen al cierre temporal de los establecimientos donde se encuentren estos símbolos o la pérdida, de tres a cinco años (si son graves o muy graves, respectivamente) de la posibilidad de obtener subvenciones en las políticas del ramo.
 

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