El Gobierno de Aragón esperará al Constitucional antes de legislar sobre la energía

La portavoz, Mar Vaquero, prefiere que la Justicia determine qué puntos del decreto son o no constitucionales. Foto: Gobierno de Aragón
photo_camera La portavoz, Mar Vaquero, prefiere que la Justicia determine qué puntos del decreto son o no constitucionales. Foto: Gobierno de Aragón

Compás de espera en el Pignatelli hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Así ha recibido el Gobierno de Aragón la decisión por parte de la Moncloa de recurrir ante este órgano el decreto ley energético aprobado por el cuatripartito de Javier Lambán en los últimos compases de la pasada legislatura. Según la vicepresidenta segunda y portavoz, Mar Vaquero, prefieren que sea la Justicia quien diga qué puntos sirven y cuáles no, y a partir de entonces iniciar la tramitación de una nueva Ley de Energía, el objetivo inicial del mencionado decreto.

Y es que arrancar desde esta base supondría hacerlo de “unos 20 artículos con dudas de inconstitucionalidad” por, entre otras cuestiones, invadir las competencias estatales. Como ha recordado la también consejera de Economía, es el motivo que provocó la abstención en las Cortes del Partido Popular, aunque compartían las ideas de acercar el consumo, ordenar el sector de las renovables y abaratar la factura de la luz, entonces en un momento especialmente sensible.

Lo que también ha explicado es que tuvo lugar una “bilateral técnica” solicitada por el Gobierno del PSOE. “Avala que sabían perfectamente que este decreto invadía competencias y que estaba en riesgo cierto y previsible de que pudiera ser objeto de ese recurso”, ha declarado Vaquero. Dicho de otro modo, “nos lo encontramos”, en palabras de la número tres de la DGA. Unas líneas que sirven como contestación a la portavoz socialista y exconsejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha preguntado si nadie del nuevo Ejecutivo había mantenido contactos con el Gobierno Central, al tiempo que ha afeado a los populares su abstención en la votación de marzo, cuando salió adelante.

Asimismo, Vaquero se ha referido a la Comisión de Investigación por el despliegue de las plantas solares y fotovoltaicas, dos días antes de que las Cortes definan su composición en el último Pleno del año. Tanto por el recurso de inconstitucionalidad como por esta razón, ha insistido en el objetivo de lograr una “ordenación” de la industria energética “de la mano del territorio” y con transparencia.

STELLANTIS Y EL COMPROMISO EXPLÍCITO DEL MINISTRO

La actualidad del Gobierno de Aragón sigue pasando por Stellantis y la fábrica de baterías, tras la reunión del nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, con los responsables de la multinacional. Allí, se refirió a la importancia de la planta de Figueruelas, donde la DGA ansía oficializar ese desembarco. “No viene a ser sino cumplir un compromiso que ya se había adquirido previamente. Es un paso más para garantizarlo, lo hace de forma pública asegurando ese apoyo a un sector estratégico, no solo en la Comunidad sino en el conjunto de España”, ha apuntado. Para la portavoz, el siguiente movimiento no es otro que “materializar” esas buenas relaciones y que lleguen las ayudas “que ha reclamado la empresa”.