"La duplicidad de servicios nos obliga a coger el toro por los cuernos antes de que acabe la legislatura"

Antonio Suárez (Zaragoza, 1953) es el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. Suárez se ha comprometido a reorganizar las administraciones locales aragonesas para evitar duplicidades y, además, reducir el déficit de la Comunidad. Asimismo, su intención es aumentar el número de efectivos de la Unidad Adscrita.

Zaragoza.- Antonio Suárez es el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón desde julio, mes en el que juró el cargo y pasó a formar parte del Gobierno liderado por Luisa Fernanda Rudi.

En las filas populares desde 1983, cuando todavía se llamaba Alianza Popular, este abogado y asesor jurídico de la Federación de Empresarios del Metal ha sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1987 y 2003 y desempeñó una Tenencia de Alcaldía entre 1995 y 2003, además de la portavocía del grupo Popular (1999-2003). Ya a nivel autonómico, ha sido diputado de las Cortes de Aragón y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la VI Legislatura y parte de la VII.

Suárez se ha propuesto reorganizar las administraciones locales aragonesas antes de que acabe la legislatura, no sólo como compromiso político, sino también por necesidad para reducir el déficit de la Comunidad y mejorar la prestación de servicios al ciudadano. Pero no sólo pretende acometer esas acciones, sino también cambiar la actual normativa de protección civil, que data desde 1995, la Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención o mejorar la situación de los policías locales de Aragón.

Pregunta.- Ha desembarcado en Política Territorial e Interior, una de las consejerías que actualmente está en la palestra por la necesidad de reorganizar competencias de las administraciones, ¿qué es lo que se ha encontrado?
Respuesta.- Unas administraciones locales que están trabajando bajo el parámetro de dar servicios a los ciudadanos, pero que al trabajar cada una de formas distintas, algunas están sobredimensionadas. Es por ello que creo que es necesario reordenarlas con el objetivo de ganar en eficacia y eficiencia y para evitar dilapidar esfuerzos personales y económicos.

P.- Por lo tanto, los que supuestamente son los beneficiarios de los servicios se ven perjudicados, en parte, por esa duplicidad… ¿Cómo se va a intentar evitarlo?
R.- No me atrevo a dar ya una fórmula porque previamente estamos analizando y evaluando qué servicios realizan las distintas comarcas y las tres diputaciones. Lo que tengo claro es que hay que establecer claramente cuáles son las competencias que debe tener cada administración.

Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el momento económico actual no es de bonanza y ello nos obliga a hacer más con menos. Por ejemplo, en estos momentos, cuando hablamos que los ayuntamientos tienen problemas de financiación hay que replantear qué servicios prestan que no deberían hacerlo para que así se pueda destinar ese dinero a otras cuestiones en las que sí tienen competencias.

P.- ¿No cree que vaya a producirse una lucha de poderes entre ambas administraciones para evitar adelgazar sus labores?
R.- Lo que quiero es que las defensas numantinas de una u otra administración desaparezcan porque todas realizan una labor positiva. Debemos reorganizar los servicios y después veremos cuál es el papel de cada una de ellas.

P.- ¿No teme quemarse al actuar de árbitro?
R.- ¡Va a ser un asunto de mucho metraje! El planteamiento que tengo, políticamente hablando, tiene una gran carga de trabajo y de esfuerzo, pero creo que ese reto marcado hace las cosas mucho más interesantes. La verdad es que tengo asumido que tengo que acercar posturas porque si no no vamos a llegar ningún sitio. Y es que la duplicidad de servicios actual nos obliga a coger el toro por los cuernos antes de que acabe la legislatura.

Suárez se ha propuesto reorganizar las administraciones locales

P.- Durante su comparecencia en las Cortes dijo que una posibilidad es que las diputaciones provinciales asumieran el papel de asesoría… Si fuese así, ¿es necesario mantener la estructura institucional de las mismas?
R.- Hay cosas que actualmente hacen las diputaciones que podrían dejar de hacer y a la inversa, como la prestación de servicios a las comarcas. Yo he dicho que hacen un papel importante en el asesoramiento jurídico de los municipios, especialmente en los pequeños. Le aseguro que muchos de ellos estarían en una gravísima situación sin la ayuda de los diputados provinciales.

P.- Hablamos de estructura. Las Comarcas aragonesas tienen en torno a 800 consejeros, teniendo incluso algunos más consejeros que municipios en su red de actuación, ¿cómo pretende atajar este problema?
R.- No es lógico que haya comarcas, y no hablo sólo de una, sino de varias, en las que hay más consejeros que municipios a servir. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en una de ellas que hay 25 consejeros y sólo tiene 16 municipios. No me encaja muy bien.

El problema es evidente cuando te vas a las cifras porque el coste de los órganos de administración de estas instituciones es el doble que el de sus homólogos en el Gobierno de Aragón. Es decir, con una gestión de menos de 100 millones de euros estamos en un coste de sus dirigentes que duplica los 5.300 millones de euros del Ejecutivo autonómico. Por eso vamos a adelgazar y hacerla más realistas a las comarcas.

P.- A la vista está que el análisis y el diagnóstico de este problema político, si me permite calificarlo así, va a durar tiempo. ¿Espera poder tomar medidas en esta legislatura?
R.- Estamos en proceso de evaluación y de solicitación de informes que van acompañados de visitas presenciales por mi parte a algunas sedes comarcales y con reuniones, a partir de septiembre, con los presidentes de las diputaciones.

Mi compromiso es que se haga en esta legislatura y, es más, que no se agote la misma antes de la reforma porque es un tema urgente, no de un simple compromiso de un gobierno.

P.- Las directrices marcadas a seguir están dentro de ese pacto de gobernabilidad que firmaron los dos presidentes regionales del PP y del PAR. Este último es y ha sido en la anterior etapa el principal administrador de las comarcas. ¿Algún reproche?
R.- Hay que reconocer que el proceso comarcalizador fue apoyado por el Partido Popular porque creímos en su momento que ese modelo podía llegar al ciudadano de una forma más cercana y mejorar su vida. No obstante, la gestión del anterior Gobierno de Aragón tomó decisiones que son mejorables y en eso estamos trabajando en reenfocar.

P.- 32 comarcas y seguimos pendientes de la 33. ¿Vendrá de la mano de la Ley de Capitalidad?
R.- La Ley de Capitalidad es muy importante para poder estabilizar las relaciones de Zaragoza con su entorno. Las reticencias que en estos momentos puede haber en la ciudad con su entorno o al revés pasan por, entre otras cuestiones, el estatus de Zaragoza en el que se requiere de esa Ley. Y es verdad que esta normativa puede ser el paso para la creación de la comarca 33, aunque no sé si sólo Zaragoza o una especie de comarca metropolitana.

El consejero lleva en las filas populares desde 1983

P.- Hace unos días el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, dijo que barajan devolver a la Comunidad competencias como asistencia social que de momento, por falta de esa Ley, las financia la ciudad. ¿Cree que sería un error? ¿Cómo puede el Gobierno de Aragón compensar por ello?
R.- Creo que Zaragoza ejerce competencias impropias, pero al igual que muchos pequeños municipios, por eso es muy necesario reordenar todo. Hay que tener en cuenta que si todos hiciéramos ese planteamiento de que yo esto no lo ejerzo porque te toca a ti y esto sí porque me interesa esto sería un lío extraordinario.

Interior

P.- La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la ley general que rige a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que se ve ampliada y completada por una ley de coordinación de cada Comunidad Autónoma. ¿Qué es lo que falla según usted aquí?
R.- Aragón tiene una Ley de Coordinación, pero su articulado es muy pequeño y por ello se hace muy necesaria. Ya ha habido dos intentos y espero que a la tercera vaya la vencida y que yo sea el consejero que lo consiga.

Tengo una cosa clara y es que debe ser una normativa que establezca un marco donde se desenvuelvan todas las policías municipales y que no sea a imagen y semejanza de lo que quiera una ciudad. Tiene que ser un modelo para todos, no sólo para un municipio.

P.- Muchos ayuntamientos apenas pueden destinar los recursos económicos necesarios para su viabilidad. ¿La fórmula estaría en una Policía Comarcal?
R.- Es evidente que en estos momentos de crisis económica muchos municipios deberán de unirse, sin perder su identidad, a la hora de prestar servicios para que todos puedan tenerlos. No obstante, creo que en este tema no es posible porque no se necesita un cuerpo policial más que luego sea necesario coordinar. ¡Tenemos demasiados tipos de policías y eso luego a la hora de establecer acciones complica su unificación!

P.- Seguimos en materia de seguridad. ¿Espera conseguir el compromiso del ministro Camacho en el aumento de los efectivos de la Unidad Adscrita?
R.- Actualmente tenemos un tercio menos de lo que el Ministerio del Interior nos prometió y eso hay que subsanarlo. Y es que el problema no reside en los números, 133 de los 200 prometidos, sino en que hay competencias como protección de edificios, menores o juego que no se hacen de la forma que se deberían de realizar por no haber suficientes efectivos.

En esa reunión no voy a pedir más de los 200, ni más competencias porque a este Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, le queda poco y es preferible realizar las solicitudes después del 20 de noviembre.

P.- ¿Quiere ampliar las competencias?
R.- Todo es posible, ya que el acuerdo entre Aragón y el Estado es tan amplio que se permite que la Unidad Adscrita de la Policía pueda realizar sus servicios en todas aquellas competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

P.- Y ya para finalizar… Pronto habrá que redactar los presupuestos de la Comunidad. ¿Espera que haya muchos recortes en su Departamento? ¿Qué le va a decir a la presidenta Luisa Fernanda Rudi que, por favor, no le toque?
R.- Estoy convencido de que la presidenta del Gobierno lo tiene muy claro. A pesar de ello, le diré que tenga en cuenta los servicios que ofrece nuestro Departamento y que también considere el esfuerzo que estamos haciendo para reducir el gasto. 

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