La DGA desmiente las cifras de pérdida de empleo público ofrecidas por UGT y CCOO

El Gobierno de Aragón ha rechazado frontalmente las cifras de pérdida de empleo público ofrecidas esta mañana por los sindicatos UGT y CCOO. El Ejecutivo autonómico ha reiterado su compromiso con el mantenimiento del empleo público y ha asegurado que no es cierto que los concursos vayan a acabar con 800 puestos de interinos.

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ha rechazado frontalmente las cifras de posibles pérdidas de empleo público ofrecidas en rueda de prensa esta mañana por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Las dos centrales sindicales han esbozado en su comparecencia ante los informadores un esquema de posibles despidos que, “ni se ajusta a la realidad, ni está entre las previsiones del Gobierno autónomo ni mucho menos se ha llevado ya a efecto como en algún caso se ha sugerido, haciendo referencia a centros que están abiertos y funcionan con normalidad”, tal y como ha señalado en un comunicado.

El Gobierno de Aragón ha desmentido igualmente que el proceso de sucesivos concursos que están siendo objeto de convocatoria para acabar con la elevada tasa de provisionalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma vaya a suponer la pérdida de 800 puestos de interinos, entre otras cosas porque “se establecen para la provisión de puestos de funcionarios de carrera y se centran en los niveles más altos de la Administración, donde la presencia de interinos es escasa”. Por otra parte, cabe recordar que los propios sindicatos acogieron “con agrado” la puesta en marcha de estos concursos que pretenden dotar de estabilidad a los empleados públicos primando los principios de mérito y capacidad y reduciendo como se ha dicho la elevada tasa de provisionalidad existente.

Por otra parte, también es incierto que “no haya diálogo con la Administración en materia de función pública, pues las mesas sectoriales de Administración General, Sanidad, Educación y Justicia han venido reuniéndose periódicamente durante los últimos meses, con la participación de los máximos responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y de las diferentes Direcciones Generales implicadas en cada caso para analizar los asuntos más relevantes”.