La DGA aprueba un centenar de medidas para ahorrar 105 millones de euros

El Gobierno de Aragón ha aprobado un Plan de Racionalización del Gasto Corriente que contempla 104 medidas para ahorrar 105 millones de euros a lo largo de la presente legislatura. El plan incide en aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios y en la racionalización y simplificación de ayudas y subvenciones.

Zaragoza.- El Ejecutivo aragonés ahorrará 105 millones de euros en la presente legislatura con la puesta en marcha de 104 medidas que tendrán su impacto en el gasto corriente. Este Plan de Racionalización del Gasto Corriente se aplicará en las cuestiones relacionadas con los bienes corrientes y servicios e impondrá límites a las subvenciones y ayudas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha explicado que su aplicación será inmediata y que no es algo "meramente cosmético" puesto que se controlará a diario. Esto implica, ha afirmado, la suspensión de expedientes en el caso de que se produzca un incumplimiento reiterado.

Las medidas no tendrán incidencia en el gasto corriente sanitario, aspecto para el que se constituirá un grupo de trabajo, y se centrarán en el ahorro de parque móvil, que será controlado directamente por Hacienda, la telefonía, el consumo eléctrico, el ahorro de agua, la electricidad, la publicidad institucional o las dietas, entre otras.

El consejero ha informado de que el dinero ahorrado atiende a cuestiones de aspecto microeconómico, por lo que no tendrá incidencia en la reducción del déficit público.

En relación a los bienes corrientes y servicios, el plan contempla la no renovación en ocho años del mobiliario de la Administración a no ser que se considere de urgencia; el control del carburante de los vehículos oficiales y la reducción de éstos, así como la limitación del uso del taxi y el abandono por parte de la presidenta y los consejeros de la tarifa Club del AVE para viajar ahora en preferente. También habrá un seguimiento en el uso de la telefonía móvil y fija; se controlará la utilización de las fotocopiadoras; se rebajarán las dietas en un 15% y la contratación externa se ceñirá a lo exclusivamente necesario.

Así, ha adelantado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para crear una relación de puestos de trabajo especial con el objetivo de valorar las vacantes existentes en la Administración y ha avanzado que en un plazo de dos meses se intentará impulsar un plan estratégico de gestión inmobiliaria que contempla, por un lado, la eliminación de los alquileres de los que se puedan prescindir y, por otro, la venta de los bienes del Gobierno que están en desuso.

Una de las partes más “genuinas” del plan, ha dicho Garcés, es la optimización de recursos y ayudas públicas y la limitación directa a la subvencionalidad de determinados gastos para terminar con los “abusos”. "Hay gastos que son superfluos, innecesarios y éstos no serán subvencionables. Queremos evitar que con cargo a una subvención se financien actividades que estén fuera de mercado", ha aseverado.

Los consejeros han presentado las medidas

En este punto, el Gobierno se compromete a la eliminación del Decreto que regula las subvenciones inespecíficas, que data de 1984 y que concedía ayudas públicas de carácter "discreccional", y exigirá la elaboración en cada Departamento de planes estratégicos de ayudas públicas para conocerlas a medio plazo y "evitar la tendencia incrementalista del gasto" en los presupuestos.

Éstos serán examinados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública “en términos de eficiencia o no” y, si se manifiestan "insuficientes", se irán eliminando de manera progresiva hasta que se considere "eficaz", ha avanzado Garcés, quien ha señalado que estas medidas no son discriminatorias y que por lo tanto son aplicables a cualquier beneficiario.

El plan, que responde a uno de los compromisos del Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi, pretende ser una “seña de identidad” del Ejecutivo y de sus organismos públicos, además de servir de referencia para la actuación de los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles dependientes.

Además, se propone su puesta en marcha en aquellas entidades del sector público donde el Ejecutivo tenga participación minoritaria y ya está a disposición de los trabajadores y funcionarios para su aplicación.


Vea el Plan de Racionalización del Gasto Corriente