La DGA aprobará próximamente las cuantías para los dependientes moderados

La Comunidad Autónoma de Aragón dará luz verde en un futuro próximo a la orden aragonesa para desarrollar las cuantías que el Estado establece para los dependientes de grado moderado. Lo ha anunciado el consejero Ricardo Oliván en las Cortes, quien ha rechazado los datos ofrecidos por los socialistas en cuanto al nivel de aplicación.

Zaragoza.- El Gobierno aragonés tendrá que realizar un esfuerzo adicional para asumir el gasto de dependencia a pesar de la situación económica. Aún así habla de que está muy próxima la aprobación de la orden aragonesa que desarrolla el Decreto del Gobierno central que fija las cuantías de los dependientes de grado moderado, nivel que debía haberse implantado en la Comunidad este año. En la Comunidad Autónoma de Aragón se han implantado ya dos grados, gran dependencia y dependencia severa, desde mayo de 2007. Así lo ha asegurado el consejero de Bienestar Social, Ricardo Oliván, en su comparecencia en el Pleno de las Cortes de Aragón este jueves.

A 1 de septiembre, existen un total de 48.680 solicitudes de valoración de la situación de dependencia registradas, 45.288 dictámenes y 23.729 beneficiarios. Estas cifras en junio estaban en 24.472 beneficiarios y "no los 27.000 que los socialistas manifiestan tras depurarse las cifras de personas que habían fallecido". Respuesta ésta del consejero a la críticas del socialista Eduardo Alonso, quien ha insistido en que Aragón haya pasado en sólo tres meses del cuarto puesto a nivel nacional en desarrollo de la Ley de la Dependencia al séptimo lugar. Causa, ha dicho, de que no haya entrado ningún dependiente nuevo en el sistema, con 23.729 dependientes atendidos, un 1,76% en relación con la población, en vez de los 27.000 que había en mayo, un 2,04% de la población. No es problema de falta de colaboración del Estado, ha asegurado Alonso, y le preocupa "el desmantelamiento del Estado de bienestar para cumplir el déficit a costa de los dependientes".

La Consejería de Bienestar Social, ha manifestado el consejero Oliván, quiere integrar la información y actuaciones de carácter social y sanitario; unificar los criterios de valoración manejados; desarrollar normas de acreditación y calidad de centros y servicios; la mejora continua en la formación de los profesionales que realizan la atención a las personas en situación de dependencia; puesta en marcha de programas de prevención y promoción de la autonomía; diseño de un soporte informático del sistema que unifique las bases de datos existentes; y desarrollo e implementación de nuevas prácticas en el cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Dependencia.

El PSOE denunciaba el descenso en los datos el pasado día 22

El consejero ha continuado explicando que, por otro lado, la situación presupuestaria en la que se encontraba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a fin de la legislatura anterior motivó que desde la Intervención General del Departamento de Economía se impidiese la fiscalización de cualquier documento contable del presupuesto del IASS que diese lugar a nuevos compromisos de gasto que permitiera el pago del Ingreso Aragonés de Inserción, dejando un déficit de 1,9 millones de euros y sin cobertura mínima de subsistencia a las personas más desfavorecidas de Aragón. Esto también ha impedido la aprobación de nuevos programas de atención a los dependientes, lo que obligará al Gobierno a realizar un esfuerzo extraordinario para ejecutar estas prestaciones, aunque "de momento nos impide temporalmente hacer frente a estos compromisos".

Desde Izquierda Unida, la diputada Patricia Luquin ha resaltado que a la ciudadanía no le importa lo que se presupueste para la aplicación de la Ley o cómo ha ido el traspaso de competencias, ya que "son asuntos que quedan fuera de su realidad". Asimismo, ha afirmado que los poderes públicos deben garantizar los derechos como principal prioridad.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha remarcado la posición de Luquin, criticando los conflictos entre PSOE y PP en relación a este asunto, mientras muchos dependientes están sin atender.

Finalmente, la diputada del PAR María Herrero ha argumentado que el procedimiento tiene que seguir desarrollándose y ha pedido que se cumplan los plazos estrictamente en la aplicación de esta norma.