La derogación de la Ley de Memoria “invisibiliza” los crímenes del franquismo, según un informe de la ONU

Los relatores de la institución cargan contra las leyes de concordia promovidas por PP y Vox en Aragón y otras dos comunidades 
Manifestación contra la derogación de la Ley de Memoria. Foto: Andrés García
photo_camera Manifestación contra la derogación de la Ley de Memoria. Foto: Andrés García

Aragón “invisibiliza” a las víctimas y las “graves violaciones de derechos” del franquismo con la derogación de la Ley de Memoria Democrática y la puesta en marcha del denominado Plan de Concordia. Así lo sostiene un informe de las Naciones Unidas que abarca también las medidas de otras dos regiones gobernadas por PP y Vox, como son Castilla y León y Valencia. Se concluyó el pasado 30 de abril y está elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Es la respuesta al Gobierno de España, que también puso en marcha acciones judiciales en la citada organización y la Unión Europea en la misma dirección.

De acuerdo al texto, la derogación aprobada en febrero solo se refiere “a las atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil” pero menciona de forma literal “la violencia ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió, entre 1931 y 1939”. En este sentido, advierten los tres relatores que firman el informe, se suprimen “un gran número de entidades y actividades de memoria histórica previstas en la legislación anterior (la de 2018, aprobada por el cuatripartito, y la nacional), entre las que citan “el censo de Memoria Democrática de Aragón, las rutas, el inventario de lugares, el Centro de Investigaciones o el Registro de Actividades”, entre otras cuestiones de un extenso listado.

Los representantes de la ONU no pasan por alto tampoco la supresión del portal institucional monográfico, que contiene “un mapa de fosas comunes”, o la derivación desde la base de datos genética al Banco Estatal de ADN. Respecto a las exhumaciones, una de las líneas de acción que el Ejecutivo autonómico se comprometió a mantener intacta, muestran sus dudas al quedar “incierto” su correcto sostenimiento, si bien de entrada no ven obstáculos en la búsqueda de los represaliados.

Otra de las quejas pasa por “la modificación de la Ley No. 3/1999, del 10 de marzo 1999, de Patrimonio Cultural”. Los autores del informe esgrimen que se “elimina” el apartado dedicado a los lugares relacionados con la Memoria como “espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado” en la Comunidad “en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia” y contra la dictadura.

CRÍTICAS COMUNES CON CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA

Similares conclusiones ofrecen sobre la legislación de Castilla y León y Valencia, donde se han dado más pasos. En el primer caso, señalan que la ley de concordia del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP), en tramitación, omite la palabra “dictadura” y no cuenta con la opinión de las asociaciones memorialistas ni facilita, todavía sobre el papel, el acceso a subvenciones.

Del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, también de la mano de Vox, ponen el foco en la “desvirtuación” del espíritu de estas normas al englobar en una misma proposición desde las víctimas de la Segunda República hasta el “terrorismo etarra e islámico”. Todo ello sumado a las críticas comunes expuestas en los casos aragonés y castellano-leonés. En suma, concluye el informe, estas leyes de concordia “podrían transgredir la obligación del Estado de garantizar la preservación de la memoria”, así como “acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero” de los represaliados.