Carmen Susín: “El Gobierno actuó con deslealtad al no avisarnos de la llegada de migrantes"

Una de las principales prioridades para esta legislatura de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón es garantizar el bienestar de los aragoneses
photo_camera La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, afronta esta legislatura con varios frentes abiertos.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, afronta esta legislatura con varios frentes abiertos y con el objetivo puesto en “garantizar el bienestar de los aragoneses”. Como prioridades en materia legislativa se encuentra el impulso de la Ley de la Dependencia o de la Ley de derechos de las personas mayores, así como la modificación de la Ley de infancia y adolescencia.

A su vez, desde el departamento, buscarán reducir la lista de espera de valoración de la discapacidad reforzando el equipo de trabajo y seguirán avanzando en la implantación de un modelo de atención centrado en las personas. También continuarán las conversaciones con el Gobierno central, para demandar una mayor coordinación en materias como inmigración o fondos europeos.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son las principales prioridades durante esta legislatura?
RESPUESTA.- La principal prioridad de la consejería es garantizar el bienestar de los aragoneses, que no es poco. Eso pasa por garantizar la Ley de Dependencia, desarrollar la Ley de derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, hacer un esfuerzo muy especial en lo que hace referencia a la infancia, a las familias y a las personas mayores.

En base a esto último, hemos creado la Dirección General de Mayores y reforzado la dirección general de infancia, familia y natalidad.

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Carmen Susín es la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón

P.- ¿Cuál es la situación actual en las residencias aragonesas con el brote de gripe?
R.- Las residencias están monitorizadas constantemente y la incidencia ha sido muy pequeña, no pasa de los tres o cuatro casos de gripe. Nuestros residentes están bien, en la pandemia se aprendió y el trato que se da a todas las personas mayores en Aragón es perfecto. Por parte de los profesionales están bien cuidados y no ha habido ninguna afección especial.

P.- Para ello, ¿se ha coordinado con Sanidad o hay algún protocolo específico heredado de la pandemia?
R.- Por supuesto, Salud Pública monitoriza constantemente todas las residencias y los centros asistenciales que dependen del Gobierno de Aragón, además de los que pertenecen a las entidades y a las mercantiles. El trabajo y el contacto es constante.

P.- Anunció la puesta en marcha de una Ley de derechos de las personas mayores, ¿qué puntos contemplará?
R.- Siempre decimos que tenemos una especial preferencia por las personas mayores. Dos de los objetivos fundamentales de la dirección general es crear esa Ley, que será pionera en España, y a la par desarrollar la Estrategia aragonesa contra la soledad no deseada.

Estamos perfilando la Orden para iniciar el proceso participativo, porque creemos que ambas cuestiones tienen que partir de esa participación. Toda la sociedad y los sectores implicados podrán ayudar a definir cuales tienen que ser las líneas que garantizarán los derechos de nuestras personas mayores y las acciones para afrontar ese problema de la soledad no deseada.

Yo confío en que a mitad de legislatura tengamos ambas cuestiones aprobadas para poderlas ir desarrollando.

P.- Desde hace años se está implantando un modelo de atención centrado en las personas, el último avance fue la publicación de la guía de Arade, pero, ¿cómo se va a trabajar desde la consejería para alcanzar ese objetivo?
R.- Es un cambio de paradigma, pasamos de los cuidados a garantizar la autonomía de las personas mayores, discapacitadas o vulnerables.

Se trata de poner la atención no solo en los cuidados, sino en garantizar la toma de decisiones y la autonomía dentro de las capacidades de cada uno. Al final lo que queremos todos es vivir como queremos vivir, con las mejores garantías de calidad y la mayor autonomía. Desde el Gobierno de Aragón se ha impulsado esa modalidad y se está trabajando tanto por parte de las entidades como sociales en la formación de los profesionales.

P.- Entonces, ¿se encuentra ahora en ese momento de formación?
R.- Se va formando a los profesionales y se va implantando en las residencias ese modelo. Lo más importante es la toma de conciencia de todos los actores implicados en ese cambio, centrarnos en la autonomía y no solo en los cuidados, que también, pero que ya se hace con todas las garantías. Todos los sectores implicados están avanzando en esta dirección.

P.- En el mes de noviembre llegaron 400 migrantes de Canarias a Aragón, ¿cómo se procede desde el Gobierno en estos casos y en qué situación se encuentran ahora esas personas?
R.- La llegada de las personas migrantes es competencia del Gobierno de España, quien con las ONGs concierta la atención a esas personas. Con lo cual, el Gobierno de Aragón se limita a garantizar que tengan un acceso a la sanidad, que es lo que hemos protocolizado.

Hay que tener en cuenta que, aunque son jóvenes y la mayoría sanas, vienen de una travesía muy dura por el mar. Llegan con quemaduras, problemas renales o con cuestiones que hay que tratar de forma urgente. Eso es lo que queríamos coordinar para trabajar con las entidades y atenderlos de la mejor forma posible.

Además, están llegando a localidades muy pequeñas, con lo cual era necesario coordinar el tema sanitario.

P.- Algunos de ellos eran menores, ¿se siguió el procedimiento adecuado?
R.- Entre las personas migrantes que el Gobierno de España está trasladando a Aragón como adultos, se encuentran también menores. Con cual, no se está siguiendo el protocolo establecido. Los menores tienen que venir directamente desde el Ministerio a las comunidades autónomas, que somos quienes tenemos que ejercer la tutela y el cuidado.

Lo que no es normal es que estén llegando menores a través de un conducto que no es el adecuado. Aragón, al igual que el resto de comunidades, puso plazas a disposición del Ministerio, que las tienen que financiar, y eso no ha ocurrido.

P.- Entonces, por lo que comenta, esa coordinación con el Gobierno central no ha sido satisfactoria.
R.- El Gobierno de España ha actuado con deslealtad no avisando ni consultando a las comunidades autónomas de la llegada de estas personas migrantes, puesto que somos nosotros los que conocemos bien los municipios y los recursos y, por lo tanto, algo hubiéramos podido haber opinado sobre donde mejor podríamos haberlos recibido y atendido.

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Una de las principales prioridades del departamento para esta legislatura es garantizar el bienestar de los aragoneses

P.- ¿Se ha planteado destinar alguna partida específica en caso de que ocurriera un episodio similar?
R.- Ya tuvimos que declarar la urgencia administrativa en el Consejo de Gobierno, puesto que, al no llegar los menores por la vía reglamentaria, estamos asumiendo desde la comunidad autónoma el cuidado, la protección y la atención a estas personas migrantes menores.

Esto es algo que tiene que financiar por el Gobierno de España y lo hemos puesto de manifiesto en las Conferencias Sectoriales. He pedido reuniones con los ministros competentes y no he obtenido respuesta.

Están haciendo oídos sordos a nuestro llamamiento, porque no solo está sucediendo en Aragón sino en toda España, pero en algún momento tendrán que darnos respuestas. Aparte de una forma desleal, están actuando de una forma irresponsable.

P.- ¿Cree que una de las soluciones sería pedir la transferencia de competencias en inmigración a las autonomías? Cataluña lo ha demandado.
R.- No cabe ese debate cuando la competencia de la inmigración es exclusiva del Estado, la única que tenemos las comunidades autónomas es la tutela de los menores. Por lo tanto, el Gobierno de España tiene que explicar que competencias les van a dar a Cataluña.

Tampoco hay que olvidar al País Vasco, ya que Cataluña pide esta competencia que ya se ha firmado en el pacto con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Nosotros no nos planteamos pedir las competencias cuando es una materia exclusiva del Gobierno central.

P.- Otra de las leyes que se pretende potenciar es la de Familias, ¿se plantea alguna modificación?
R.- Para la Ley de Familias se hará también un proceso participativo, así todos los actores implicados podrán aportar, porque cuando hablamos de familia estamos hablando de un pilar fundamental en nuestra sociedad en el que tienen cabida todos los ámbitos.

Son muchos los objetivos que tenemos, iremos marcando las pautas. Hay que sacar adelante la Ley de derechos de las personas mayores, modificar la Ley de infancia y adolescencia… cuestiones que afrontaremos poco a poco.

P.- Aragón fue una comunidad pionera en lanzar el carné monoparental, equivalente al de Familia Numerosa, ¿con que objetivo se lanzó y cómo ha sido la aceptación?
R.- Se trata de homologar a las familias monoparentales y, como entendemos que las familias numerosas necesitan un apoyo especial por sus características, pues sucede lo mismo. De hecho, en este ámbito ha habido una buena noticia recientemente y es que el Ayuntamiento de Zaragoza ha recogido algunas de las ventajas que tienen las numerosas también para las monoparentales. 

P.- Además, ha anunciado la puesta en marcha de un órgano de participación infantil ¿en qué consistirá?
R.- Todo el trabajo ligado a la infancia que viene haciendo el Gobierno de Aragón junto con UNICEF pasa por el impulso de las ciudades amigas de los niños y eso supone crear consejos locales de infancia. Nuestro primer objetivo es incrementar esos consejos con la implicación de los ayuntamientos y el sistema educativo para al final crear ese consejo autonómico. 

Es un proyecto muy bonito porque estamos hablando de la participación infantil y de crear ciudadanos e implicarlos en la construcción de sus ciudades y de su comunidad autónoma. Es un proyecto precioso que tenemos muchas ganas de impulsar. 

Es algo que no formaba parte de nuestras competencias, estaba en la dirección general de participación, que ahora está en Presidencia, y hemos querido que se quede en el departamento porque es fundamental la educación de nuestros jóvenes. 

P.- ¿Se van a tomar medidas para reducir la lista de espera para la dependencia?
R.- En materia de la Ley de dependencia, con el plan de choque del Gobierno de España financiado con fondos europeos, se ha avanzado mucho. Se van a crear nuevas prestaciones y mejorar la calidad, que es lo que veníamos denunciando en la oposición. Hablábamos de prestaciones baratas y eso es en lo que vamos a trabajar. 

No hay un problema de lista de espera en la dependencia como tal, lo que hay es un gran número de peticiones porque se incorpora mucha gente por el envejecimiento de la población.

El problema real lo tenemos con la lista de espera de la valoración de la discapacidad. Cuando llegamos nos encontramos con 9.500 personas esperando, y eso supone que todas ellas están pendientes de la resolución de un proceso que puede dar lugar a una prestación o un servicio que ayude a su cuidado. 

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Susín apuesta por reducir la lista de espera de valoración de la discapacidad

P.- ¿Y cómo se va a trabajar en este aspecto?
R.- Hemos creado un equipo específico para valorar sobre expediente, con el objetivo precisamente de agilizar esa lista de espera. Se trata de realizar un triaje, porque no todo precisa de una valoración in situ ya que hay cuestiones que son menores, pero necesitan esa certificación. Ahí estamos haciendo un esfuerzo extra porque es un problema que hay que afrontar.

Hace poco anunciaba, además, respecto a los niños con discapacidad, que hemos aprobado una bonificación fiscal para ayudar a las familias en todos esos refuerzos que necesitan para potenciar la autonomía de sus hijos. Estamos hablando de fisioterapeutas, logopedas, todas esas cuestiones en las que invierten mucho dinero para mejorar la calidad de vida de sus hijos y hemos querido apoyarles desde el Gobierno de Aragón. 

P.- Hay algunas comunidades que han solicitado la gestión del Ingreso Mínimo Vital ¿lo hará Aragón?
R.- Nosotros lo que hemos dicho es que no conocemos las condiciones, cuando las sepamos ya hablaremos. Lo que está claro es que lo que ha sido un fracaso del Gobierno de España no puede trasladarse a las comunidades autónomas. Tienen que asumir lo que han hecho mal, y solucionarlo, y ya después hablar con las comunidades para decirnos como se va a hacer y con qué financiación nos quieren traspasar la gestión del IMV. 

P.- En su visita al Banco de Alimentos de Huesca habló de la incertidumbre con el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), ¿han sabido algo más?
R.- Estamos hablando de otra ocurrencia del Gobierno de España. Funcionaba bien el sistema de la ayuda alimentaria a través de la compra centralizada con el Ministerio de Agricultura, que garantizaba la cantidad, la calidad y el precio de los alimentos.

El Gobierno se ha encontrado con una situación incapaz de manejar, está improvisando. Ha decidido que lo van a hacer con un sistema de tarjetas, pero no lo sabemos ni las comunidades autónomas ni las entidades que han trabajado siempre con este programa. Estamos en conversaciones a ver que quieren hacer. 

Lo que sí que nos han pedido a las comunidades es que decidamos que familias lo van a recibir y nos han dicho que en Aragón serán 700 beneficiarias. Nos preocupa muchísimo la cantidad de personas que se va a quedar fuera de este programa. 

Por ello, hemos manifestado nuestro apoyo a los bancos de alimentos a través de una financiación directa para garantizar de momento, por lo menos, su estructura de funcionamiento hasta saber lo que pasa.