Los economistas ven “casi imposible” el encaje legal para hacer retornar a las empresas a Cataluña

Edificio corporativo de CaixaBank en Barcelona
photo_camera CaixaBank es una de las empresas que salieron de Cataluña. Foto de CaixaBank

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, considera que es “casi imposible” el encaje legal para que hacer que las empresas que se fueron de Cataluña por el 1 de octubre retornen y recuerda que “hay un solo marco mercantil”.

En declaraciones a Servimedia, Pich ha considerado que “el inicio del debate tiene muy mal encaje legal, casi imposible”. Junts había planteado inicialmente sanciones para aquellas empresas que no lleven de vuelta su sede social a Cataluña, extremo que el Gobierno ha negado que sea factible porque lo impide la normativa europea.

El pasado miércoles, el PSOE y Junts avanzaron un pacto para acometer cambios legales para que las empresas retornen, sin dar detalles al respecto. Desde Junts han trasladado posteriormente que serían “estímulos jurídicos” y desde el propio Gobierno central han explicado que sería un refuerzo de los requisitos que figuran en la Ley de Sociedades de Capital para hacer coincidir la sede social con la actividad principal.

CaixaBank y el Banco Sabadell son de las empresas más destacadas entre las miles que salieron de Cataluña por el ‘procés’ y aún no han vuelto. De hecho, el año pasado fueron preguntadas por su retorno y CaixaBank manifestó que tiene “vocación de permanencia” en Valencia y Sabadell que no estaba encima de la mesa porque las condiciones para volver “todavía no se han dado”.

El presidente de los economistas ha repetido que “todo esto tiene un mal encaje legal” y “envía el mensaje en contra” de los intereses de España. Pich se ha quejado de que el “juego político” traslada unos mensajes “muy dañinos” para la economía y consideró el debate “cortoplacista” y con “poco recorrido”. “Y si tuviera recorrido, sería preocupante”, añadió. “Este debate es muy peligroso”, ha advertido Pich, y ha descartado la posibilidad de que otras empresas con sede social española fuera de Madrid y Barcelona tuvieran que cambiarla y trasladarla a donde generan su mayor actividad.

El presidente de los economistas ha reclamado responsabilidad a la clase política y ha avisado de que el debate supone “una pérdida de tiempo que tiene unos costes” para la inversión. “A las empresas hay que dejarlas tranquilas” y crear “ambientes amables” para invertir, ha aconsejado.