La Fiscalía pide al juez que archive la investigación sobre la mujer de Sánchez, Begoña Gómez

La denuncia está basada en recortes de prensa que señalan a la esposa del presidente por sus relaciones con distintos empresarios que "podría suponer la comisión de un delito de tráfico de influencias"
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photo_camera Se investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La Fiscalía provincial de Madrid ha recurrido en apelación directa la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han informado fuentes del Ministerio Publico, en el escrito se ha solicitado la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa, que tiene como origen la denuncia presentada el pasado 9 de abril por Manos Limpias, organización fundada por el excandidato del partido Frente Nacional Miguel Bernad.

La denuncia está basada en recortes de prensa que señalan a la esposa del presidente por sus relaciones con distintos empresarios que, según el denunciante, podría suponer la comisión de un delito de tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias directamente sin solicitar informe previo al Ministerio Público, al que no dio traslado de la misma hasta pasadas las 14.30 de ayer miércoles. Las diligencias de investigación permanecen bajo secreto. El juez ya ha citado a declarar a varios periodistas como testigos al ser autores de las informaciones en las que Manos Limpias basa su denuncia.

Ahora, la Fiscalía ha decidido saltarse al juez y plantea un recurso de apelación directa que deberá ser analizado por una Sala compuesta por tres jueces, que deberán decidir sobre la petición de archivo.

Manos Limpias ha emitido un comunicado de prensa en el que explica que su denuncia tan sólo se basa en los artículos de prensa recopilados sobre Begoña Gómez, sin aportar indicios añadidos, ni documentación que acredite los hechos.

Fuentes jurídicas aseguran que el contenido de los artículos periodísticos puede servir de base para abrir una investigación judicial, pero los datos que contengan deberán estar acreditados por otras vías de prueba.