La escuela de Caneto vuelve sin "dormirse en los laureles"

La comunidad educativa pide "voluntad" a la DGA para regularizar la escuela 
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photo_camera El cierre se decretó el pasado mes de noviembre

Dos meses y medio de incertidumbre tocan a su fin este martes en Caneto. La escuela O’Chinebro vuelve a abrir sus puertas en la localidad tras el fallo judicial favorable para los padres y contra el Gobierno de Aragón. Unas medidas, de momento cautelares, que permitirán el regreso de los 21 niños a las aulas, más dos profesores y otro a media jornada. Son los mismos que se fueron y eso es lo más importante para el AMPA después de su particular victoria en el TSJA. Lo que no quita que esto no haya hecho nada más que empezar y ahora se abra otra etapa igual de compleja, aunque con los pequeños escolarizados y dando clases.

No nos dormimos en los laureles”. En boca de Peña Pérez, una de las representantes de la comunidad educativa del centro, es uno de los entrecomillados que sintetiza la posición de los padres en los días posteriores a la “alegría contenida” del pasado viernes. En declaraciones a ARAGÓN DIGITAL, Pérez reclama “voluntad” para que la regularización de la escuela continúe y se desvanezca del todo el fantasma del cierre. “Si no se hiciera, no se puede sostener. Se tiene que adaptar a la normativa y por eso no nos dormimos en los laureles”, cuenta.

Desde antes de noviembre, la escuela de Caneto ya llevaba tiempo inmersa en resolver su expediente de regulación. En eso seguirán a partir de ahora, para lo que tocan la puerta del Pignatelli o la Diputación de Huesca (DPH) con su plan de inversión en centros de la provincia, del que todavía no tienen constancia para el siguiente ejercicio. A falta de cerrar esos apoyos, el AMPA pondrá todo de su parte. Se trata, asegura, “de ofrecer todo lo que se necesite para que se pueda regularizar”.

No es un detalle menor que la localidad mire a instancias superiores. El propio Ayuntamiento de La Fueva, del que depende Caneto, también lo hace. Aunque se ha cumplido la prioridad del regreso de los niños, su alcalde, Jesús Solano, asegura ante la llamada de este diario que le gustaría conformar un grupo de trabajo junto a las instituciones por la falta de medios. “Tenemos una secretaria y un administrativo”, recuerda, que también atienden el resto de asuntos alrededor del municipio y como en la mayoría de pueblos, no son pocos. De la escuela, los ojos del consistorio están puestos en la urbanización del suelo sobre el que se asienta. Propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, su modificación está en marcha pero “lleva tiempo” e incluso se han planteado estudiar vías alternativas al proceso actual, que de momento siguen en el tintero.

VISITA PREVIA A LA REAPERTURA

Este lunes, festivo en Huesca capital y distintos puntos del Alto Aragón por San Vicente, sirvió para que los padres y los representantes de Educación volvieran a verse las caras. Hasta el pueblo se desplazaron el director general de Personal del Departamento, José María Cabello, uno de los arquitectos y miembros de Función Pública del área de Hacienda. Sin llegar a calificarlo de reunión, Peña Pérez explica que la comunicación fue “cordial”. “Toca trabajar de la mano”, resumía tras el encuentro, donde examinaron el terreno y los posibles incumplimientos de la normativa de riesgos laborales.

Desde la sentencia del TSJA, el Gobierno, que acata los plazos judiciales, tiene quince días para justificar ante los tribunales las deficiencias que llevaron a decretar el cierre. Será el siguiente capítulo de una cronología que ha levantado polvareda hasta el punto de que varios partidos de la izquierda pidieron la dimisión de la consejera, Claudia Pérez Forniés. La oposición de las Cortes e incluso Vox han insistido estos meses en la regularización como la vía a seguir en lugar del transporte hasta Tierrantona.

En las asociaciones del ramo, la vuelta cautelar de este martes trae “satisfacción” aunque son conscientes del trabajo que queda por delante. Fapar, que se posicionó públicamente del lado de los padres y madres, lamenta que se tuviera que llegar a la vía judicial. “No era necesario aunque todos sabíamos que se necesitaba regularizar”, explican fuentes de la asociación, con el deseo de que “lo sucedido estos meses se quede en un mal recuerdo”.