El Defensor del Profesor recibió 23 denuncias de docentes por acoso el curso pasado

El Defensor del Profesor en Aragón recibió durante el curso pasado la denuncia por acoso de 23 docentes en la Comunidad. Cabe destacar que el 46% llegaron de Educación Secundaria, y que los casos por ciberacoso aumentaron un 6% respecto al año anterior. Desde ANPE demandan un Plan Estratégico para prevenir estos casos.

Zaragoza.- La defensora del profesorado recibió durante el pasado curso la llamada de 23 docentes que se estaban enfrentando a alguna situación de acoso en el aula o con padres, o con los equipos directivos del centro. Una cifra, que "sin ser del todo alarmante", esconde una realidad que "va aumentando" en las aulas cada año. De hecho esos 23 casos son dos más que los recogidos en el curso 2014-2015, y en estos tres primeros meses de clases ya se han contabilizado otros tantos, uno con agresión física incluida.

El 29% de los casos atendidos durante el pasado curso se corresponden con profesorado de Primaria, un 46% con Secundaria, 13% FP Básica, 8% Ciclos Formativos, y un 4% el resto de las enseñanzas. Cabe destacar el aumento de los casos de ciberacoso. La defensora del profesor en Aragón, Teresa Hernández, ha explicado que la redes sociales son un caldo de cultivo en el que alumnos, y en ocasiones también padres, encuentran su plataforma perfecta para ridiculizar al profesor. "Hemos tenido casos de grabaciones a profesores en su vida privada publicadas, y mensajes de whatsapp con insultos y amenazas", ha apuntado. Solo en el último año, este tipo de agresión ha aumentado un 6%.

Sin embargo, el problema más común entre docentes y alumnos es la imposibilidad de dar clase en un aula. "Se les mina la moral y les provocan cuadros de ansiedad y bajas laborales", asegura Hernández. De hecho, el informe aportado por ANPE muestra que el 57% de los profesores que han denunciado un caso de acoso prensetaban ansiedad, un 14% depresión, y un 29% estaba en situación de baja laboral.

"Esto, además de la carga personal que supone para la vida de los docentes, lo que disminuye es la calidad de la educación, ya que las bajas laborales cuestan dinero a la administración y además, el malestar que producen unos pocos en clase impide al resto de alumnos atender y aprender", ha lamentado Hernández.

Respecto a los padres, la defensora del profesorado ha denunciado que en varias ocasiones los progenitores en vez de solucionar el problema hablando con el docente, recogen firmas y las mandan a inspección. "Se saltan todos los recursos de los que dispone el centro para arreglar el malestar que puedan tener, muchas veces injustificado", apunta. Para Hernández lo ideal sería que el equipo directivo actuase de mediador del conflicto antes de que saliera del propio colegio, pero ha lamentado que en la mayoría de las ocasiones los centros dan la espalda a sus docentes, o miran para otro lado.

La mayor parte de los centros atendido son públicos, un 96%. "Porcentaje que se justifica no sólo por la existencia de más centros públicos que privados, sino porque ANPE, es un sindicato de educación pública, y estos centros están más familiarizados que los concertados o privados con la actividad sindical", explican desde ANPE.

Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar

Una realidad para la que ambas instituciones piden que se desarrolle un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar. Un Plan que esté liderado por el Ministerio de Educación, que se aplique a nivel estatal, y que se aborde desde el diálogo.

Éste contaría, entre otros, con varios puntos como un programa real y aplicable de prevención de acoso escolar que contemple la aeleración de los protocolos de protección de víctimas; la reactivación del Observatorio Estatal sobre convivencia escolar; el cumplimiento de las normas de conducta establecidas por cada centro; la aplicación de la Ley de Autoridad para el profesorado, que desde 2011 está en Aragón pero que no se termina de ejecutar; o la garantía de protección jurídica al profesorado.

Por último, desde el sindicato reclaman que se declare el estrés, la ansiedad y la depresión por acoso como enfermedades profesionales.