Una iniciativa legislativa popular frustrada

El último Pleno de las Cortes de Aragón, por asentimiento, acaba de aprobar la retirada de la proposición de ley de promoción del ahorro energético y las energías renovables, tal como habían solicitado los promotores al considerar que el texto final aprobado en Ponencia y Comisión por las Cortes no respondía sustancialmente al que firmaron 37.000 aragoneses hace cuatro años.
Conviene recordar que entonces, cuando las asociaciones ecologistas y ciudadanas promovieron esta iniciativa legislativa popular (que apoyamos desde CHA), vivíamos bajo la amenaza del “Rubbiatrón” y la proposición de ley buscaba cerrar las puertas a la energía nuclear en Aragón y dar un impulso a las energías limpias y a la eficiencia energética, estableciendo unos objetivos de reducción de emisiones contaminantes en determinados plazos y constituyendo un Instituto y un órgano consultivo que velaran por esas políticas energéticas. Se han perdido, por tanto, cuatro años. Y lo más grave es el daño que esta situación puede causar en la propia figura de la iniciativa legislativa popular.

Ciertamente en las sociedades democráticas contemporáneas existen pocos cauces para la participación ciudadana en las decisiones políticas. Prácticamente sólo se cuenta con la voluntad popular cada cuatro años en las sucesivas convocatorias electorales. Luego parece que los gobernantes actúan como si tuvieran un cheque en blanco. Por eso, es importante abrir nuevas vías a la participación popular. En el sistema español apenas se ha desarrollado la figura del referéndum y el único elemento participativo que nos trajo la Constitución fue la iniciativa legislativa popular. De hecho, una de las primeras leyes autonómicas en Aragón fue precisamente la que regulaba la capacidad de al menos 15.000 ciudadanos aragoneses para presentar proposiciones de ley en nuestras Cortes.

Nadie cuestiona que evidentemente la última palabra la tienen los diputados, que representan la soberanía de todo el pueblo y que, de hecho, han sido elegidos específicamente para legislar, pero a los constituyentes les pareció necesario abrir un cauce popular a la iniciativa legislativa. Nadie puede obligar a las Cortes a asumir toda propuesta que les venga, por supuesto; pero, cuando, como en este caso, las Cortes toman en consideración una proposición de ley (es decir, la aprueban e inician la tramitación parlamentaria), se supone que, más allá de las lógicas mejoras que todo texto precisa, la mayoría parlamentaria está de acuerdo en los aspectos sustanciales de la ley.

Por eso, cuando el 4 de noviembre de 1999 todos los grupos, salvo el PP, apoyamos el inicio de la tramitación de esta iniciativa popular, esperábamos que quienes conformaban el Gobierno, PSOE y PAR, si querían modificar o mejorar el texto en la línea que creyeran conveniente, mantuvieran una línea de diálogo con la Comisión Promotora y con los partidos que apoyamos la recogida de firmas (CHA e IU), y no con quien votó en contra. Lamentablemente en esta ocasión no ha sido así. La mayoría gubernamental ha preferido pactar la ley con el PP, vaciándola de contenido. Obviamente la Comisión Promotora se ha sentido traicionada y no ha encontrado otra salida que solicitar la retirada de la proposición de ley, por respeto a quienes la habían respaldado con su firma.

Esta retirada, que nosotros ya temíamos desde hace más de un año, supone un duro golpe para la vía legislativa abierta a los ciudadanos. La incapacidad para sacar adelante esta ley es un fracaso tanto de las Cortes como institución como de los promotores, pero sobre todo pone en evidencia la falta de voluntad política y de diálogo de la mayoría gubernamental, sobre quien recae la principal responsabilidad. Ojalá en el futuro los legisladores, sin menoscabo de sus competencias, respeten de verdad el papel que le corresponde a la comisión promotora de una iniciativa legislativa popular, si es que alguien se anima después de este precedente.