Un 80 % de los jóvenes no pueden comprar una vivienda

El primer punto tratado por el CEO de Metrovacesa ha sido un análisis sobre el mercado residencial
photo_camera El primer punto tratado por el CEO de Metrovacesa ha sido un análisis sobre el mercado residencial

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón ha celebrado este viernes en el Hotel Hiberus de Zaragoza un nuevo Foro ADEA con la intervención del CEO de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, quien ha hablado sobre la “Situación del mercado residencial en España”.

Pérez de Leza ha situado en el punto de mira la problemática del acceso a la vivienda, especialmente en las generaciones más jóvenes. “Quizá hay un 80% de los jóvenes que no pueden comprar y el reto está en cómo producir para que esas rentas más bajas puedan acceder”, ha manifestado, señalando que una de las maneras de facilitar el acceso es la Vivienda de Protección Oficial.

El presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, ha agradecido la participación del ponente. “De carácter positivo, es una persona tenaz, acostumbrado a superar retos y no puedo estar más contento de su participación en el foro ADEA”, ha señalado.

El primer punto tratado por el CEO de Metrovacesa ha sido un análisis sobre el mercado residencial, “que se está comportando mejor de lo que esperábamos”. “El sector va bien en España, a diferencia de lo que ocurre en mercados residenciales en Europa del Norte, Estados Unidos o Canadá. Hay una subida, pero una posible estabilización o bajada de tipos para el año que viene”, ha indicado.

Jorge Pérez de Leza ha sido el invitado del nuevo Foro ADEA

Esta estabilización viene marcada por un lado por la falta de oferta que, según Pérez de Leza, actualmente está en torno a las 80.000 viviendas al año, pero también debido a cuestiones demográficas. “Muchas veces pensamos que la población decrece, pero la realidad es que en España se están creando alrededor de 120.000 hogares al año. La mayor parte viene de inmigración, pero también de gente que se emancipa, separaciones, gente que se traslada de una ciudad a otra… Y una gran parte requiere vivienda nueva y, por lo tanto, hay una demanda latente que no se está cubriendo con la oferta”.

Con respecto a cómo se asumen los efectos de la subida de tipos, sí que es cierto que “las hipotecas se han empezado a encarecer en la segunda parte del año y ahora los bancos están siendo más selectivos para conceder préstamos tanto a promotores como al cliente final”; sin embargo, el representante de Metrovacesa no cree que vaya a haber un retroceso en el negocio promotor para las empresas principales. “Tenemos vendido el 90% y no creo que el perfil del cliente o el tipo de transacción den pie a que vaya a haber cancelaciones, aunque las hipotecas puedan subir”, ha asegurado. Por otro lado, “el mercado del suelo comercial para oficinas es más incierto porque han aumentado los tipos de interés, lo que sí puede afectar a las ventas”, ha indicado Pérez de Leza.

La Asociación de Directivos ha celebrado este viernes un Foro ADEA en el que ha participado el CEO de Metrovacesa

Asimismo, la compraventa de viviendas se va a mantener de manera equivalente al año 2022. Sin embargo, Pérez de Leza ha adelantado que en los próximos años existirá menos gente con opción a compra “porque no hay suelo para uso residencial” e insiste en que “el problema no está en el precio, sino en que el suelo es escaso y su valor no baja”.

Es por ello por lo que se ha incrementado el uso de terciarios, con nuevas tendencias al alza como el “coliving”, una nueva solución habitacional que consiste en vivir en espacios comunes y compartidos, mientras se tiene una habitación privada. “Está enfocado a un tipo de cliente más joven, un profesional que tiene una estancia más a corto plazo y que necesita una movilidad. Yo creo que en torno al 15-20% de lo que producimos está en estos nuevos segmentos”, ha explicado Pérez de Leza.

El CEO de Metrovacesa también ha puesto el foco en la sostenibilidad, un aspecto esencial para contribuir al planeta, pero que en el sector promotor tendrá inicialmente un coste elevado por la regulación de la descarbonización o el “reporting” de la huella de carbono.