Aprueban ayudas urgentes para los afectados por los grandes incendios de este verano en Aragón

Imagen de archivo del incendio de Añón del Moncayo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los grandes incendios ocurridos este verano y que en Aragón han sido los de Nonaspe (Zaragoza), Castejón de Tornos (Teruel), Añón de Moncayo (Zaragoza), además del de Ateca (Zaragoza).

El nuevo decreto establece las mismas bases que el Decreto-ley 6/2022, de 12 de agosto, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón para hacer frente al incendio de Ateca. Se destinarán ayudas directas a agricultores y ganaderos para facilitar la continuidad de sus explotaciones; se establecerán medidas destinadas a la restauración o reparación de infraestructuras colectivas de riego; y se priorizará a los afectados en el acceso a ayudas e inversiones directas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: ayudas a la modernización de explotaciones a la industrialización y comercialización agroalimentaria, a la modernización de regadíos y, por último, a inversiones para la restauración forestal y medioambiental.

El presente decreto-ley se aplicará en los términos municipales de Nonaspe, Mequinenza, Báguena, Burbáguena, Castejón de Tornos, Tornos, Alcalá del Moncayo, Ambel, Añón del Moncayo, Borja, Bulbuente, El Buste, Litago, Tarazona, Trasmoz y Vera de Moncayo.

Las solicitudes de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos para facilitar la continuidad de sus explotaciones deberán presentarse en un plazo máximo de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial de Aragón, que se producirá este viernes, 23 de septiembre. Mientras que el plazo de las solicitudes para la reparación de las infraestructuras de riego se extiende hasta el 18 de noviembre.

Las ayudas se establecen a partir de las declaraciones responsables de los propietarios de las explotaciones, provienen de fondos propios del Gobierno de Aragón, están sujetas al régimen de mínimis de la Unión Europea y son compatibles con las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico y el resto de administraciones.

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