El Gobierno de Aragón pondrá en marcha un Decreto Ley para paliar los daños de los agricultores y ganaderos damnificados por el incendio de Ateca. En concreto, se trata de una convocatoria de ayudas a la renta con una cuantía de hasta 20.000 euros por cada persona afectada. Como se actúa con “urgencia”, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha explicado que se agilizarán plazos y serán los propios destinatarios de la subvención quienes entreguen su declaración de daños en los quince días posteriores a su publicación en el BOE, que será “como máximo, dentro de una semana”.
El tope de 20.000 euros, según ha comentado Olona, no lo impone la DGA, sino que se trata de la normativa comunitaria de la Unión Europea. En lo que sí ha insistido el consejero es en que las ayudas no son compensaciones por la pérdida de cosechas, algo de lo que se ocupa el seguro agrario, ni para sustituir las plantaciones. De hecho, ha añadido que son complementarias con la declaración de zona catastrófica y las actuaciones de la Diputación de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
También, ha remarcado el carácter “excepcional” de la medida, “por la dimensión y características del incendio”, con desalojos y pueblos “que hubo que defender, literalmente, de las llamas”, como es el caso de Moros. Esta singularidad hace que los trámites se vayan a llevar a cabo directamente en las oficinas comarcales, en este caso la de Calatayud, con atención presencial y por internet.
En lo que atañe a la agricultura, Olona ha recordado que, además del incendio, la zona de Calatayud lleva sufriendo episodios climáticos como el pedrisco y las heladas durante varias campañas consecutivas, y que, de no actuar, se podría llegar al “abandono masivo de la actividad agrícola”. Por esto mismo, no se contempla aplicar esta normativa a Mequinenza o Nonaspe, otros puntos afectados por los incendios forestales este verano.
Para la ganadería, con especial atención a la bovina, caprina y la apicultura, se aplicarán las mismas cuantías, pero podrán variar en función de la superficie calcinada y las cabezas de ganado.
El decreto anunciado aborda la restitución de las infraestructuras de riego. En este caso, la declaración de daños no se hará a título individual, sino que se encargarán las comunidades de regantes, que además podrán comunicar al departamento las soluciones que han decidido aplicar para que se abone “el 100%” de los costes que justifiquen. Tienen de plazo hasta el 4 de noviembre, sin límite en las cuantías.
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