La DGA ultima unas ayudas urgentes para los afectados por el incendio de Ateca

Aragón pide la declaración de "zona catastrófica"
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Bajo un mensaje de "solidaridad" y "empatía" con la comarca de Calatayud, la portavoz del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha anunciado este miércoles que la DGA se encuentra ultimando unas ayudas urgentes para los municipios afectados por el incendio de Ateca. “Estamos elaborando un decreto ley donde se establecerán ayudas directas en materia agrícola y también ayudas para abordar acciones urgentes en relación con el medio forestal y natural, concretamente la recuperación y la biodiversidad”, ha avanzado. Precisamente, ese decreto, que se está elaborando desde el Departamento de Agricultura y será el “marco regulador” de todas las ayudas a los afectados por el fuego, Pérez lo ha enmarcado en un contexto de “extrema gravedad”, como es el incendio, "por su amplitud y porque ha afectado a actividades agrícolas que son el medio de vida de mucha gente en esa zona”. La portavoz ha reconocido que las ayudas, adoptadas en el Consejo de Gobierno, se publicarán en los próximos días. “El paraguas técnico ya está, falta el aval jurídico que se está ultimando para que en los próximos días pueda aprobarse y publicarse”. “Estamos manos a la obra para generar acciones políticas que puedan compensar el impacto que ha tenido el incendio”, ha defendido. Aragón pide la declaración de "zona catastrófica" Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una declaración institucional en la que insta al Estado a declarar como “zona catastrófica” los municipios afectados por el incendio de Ateca. Esto afectaría a las localidades de Moros, Villalengua, Villarroya de la Sierra, Bubierca, Alhama de Aragón, Castejón de las Armas, Contamina, Embid de Ariza, Cetina, Terrer y Ateca. “El objeto es lograr la pronta reparación y recuperación de los daños y pérdidas producidas en los bienes que se han visto y puedan verse afectados por el fuego”, ha señalado Pérez. Un incendio que llegó a abarcar un perímetro de 72 kilómetros de longitud y 14.000 hectáreas de superficie entre masa forestal y parcelas agrícolas, además de causar importantes daños materiales en inmuebles del casco urbano de Moros. Respecto a la opción de prohibir a la empresa Land Life haber realizado esos trabajos, la consejera ha manifestado que hay que “estudiar al detalle” y “ser conscientes de que las decisiones que tomemos sean seguras, garantes de la legalidad y beneficiosas. “Navarra asumió en una norma la prohibición y tuvo que dar marcha atrás. No solo la prohibición tiene que ser el marco en el que nos movamos como norma. Hay que hacer un esfuerzo en la cultura de la prevención de los incendios”, ha aseverado, tras insistir en que llevarán a la empresa ante la Fiscalía.