El Plan de Acceso a la Vivienda llega a Aragón con más de 71 millones entre 2022 y 2025

Se priorizarán entre otros aspectos las ayudas para el pago de los alquileres

El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda de los próximos tres años (2022-2025) toma forma. La firma de un nuevo convenio, entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Aragón, confirma el objetivo principal de mantener la colaboración y el compromiso para que dicho plan se ejecute en Aragón. Con esta firma, el Estado se compromete a financiar o cofinanciar los programas, mientras que la DGA asumirá la gestión de las convocatorias. En total, la inversión alcanzará los 71,2 millones de euros.

José Luis Soro ha explicado que el PEAV es una herramienta muy útil para el impulso de la política social de vivienda, la financiación necesaria para desarrollar las competencias en materia de vivienda y es necesario que haya buena coordinación para ir adaptando el plan a las necesidades de Aragón en cada momento. Soro ha señalado que es necesario contar con la financiación suficiente, no con un reparto sino dentro de la financiación autonómica, pero, además, que exista más flexibilidad a la hora de ejercer el autogobierno, es decir, que se puedan adaptar los programas a la realidad demográfica y territorial de Aragón.

Los programas a los que se les dará prioridad son los relacionados con los programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia machista, desahucios y personas sin hogar. Para atender a estas necesidades se firmarán convenios con las comarcas para que puedan gestionar el pago de ayudas para los alquileres a través de los servicios sociales comarcales. De esta manera se atenderá de una manera rápida las necesidades de las personas más vulnerables.

Además, se impulsarán las convocatorias de subvenciones para el alquiler general, las subvenciones para rehabilitación centradas en mejorar la accesibilidad y las ayudas para la adquisición y alquiler de viviendas para jóvenes en el medio rural. Además, se desarrollarán los programas para el aumento del parque público de vivienda y para hacer frente al chabolismo. Toda una serie de programas y financiación que se suma al trabajo que se está realizando con las convocatorias de los fondos europeos MRR.

Aragón recibirá un total de 54.834.000 euros repartidos en diferentes anualidades entre el año 2022 y el 2025. A esta cifra se le suma la aportación del Gobierno de Aragón que deberá ser, para todo el periodo, de 16.450.200 euros. La Comunidad Autónoma es la encargada de la gestión de las convocatorias, así como el impulso de los programas y proyectos.

Teniendo en cuenta el periodo completo y la financiación conjunta de ambas administraciones, los programas a los que van destinada más inversión son el programa de ayuda al alquiler de vivienda, con 14.100.000 de euros; el programa de incremento del parque público de vivienda, con 16.356.240 de euros y el programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas con 12.000.000 de euros.

Los programas que complementan este plan incluyen ayudas a las víctimas de violencia de género, objeto de desahucio y personas especialmente vulnerables, programa de ayudas a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida con más de 10,1 millones; las ayudas a personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico; fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social; y para la erradicación del chabolismo.

A través de la Comisión de Seguimiento se podrán realizar cambios en los importes y programas sobre los que se quiera trabajar para poder adaptar las políticas de vivienda a la situación real en cada momento. De este modo se podrán ir desarrollando cada uno de los 12 programas existentes en función de las necesidades.

Se recuerda que el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 se aprobó por Real Decreto 42/2022 el pasado 18 de enero y la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo aprobó, en marzo de 2022, la distribución territorial de las ayudas financieras para el desarrollo de los programas.

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