La cuestión sobre la internalización de la prestación del servicio ambulancias en Aragón se ha vuelto a poner encima de la mesa. En esta ocasión, ha sido el líder de IU, Álvaro Sanz, quien ha recordado que en el acuerdo de investidura que firmó con Lambán en 2019 “contemplaba estudiar la internalización”. Un análisis que realizó el Departamento de Sanidad, como reconoció la propia consejera, Sira Repollés, en el que se indicaba que el incremento era “sustancial”, sin embargo, este viernes el parlamentario ha asegurado que lo que hizo fue “despacharse con un informe de cuatro páginas para justificar que no era viable”.
Amparándose en que “otras comunidades lo han hecho”, Sanz ha señalado que es “muy sencillo privatizar”. “Aquí existe una falta de voluntad política”, ha lamentado, tras apuntar que la Ley de contratos públicos de Aragón “podría incorporar informes preceptivos sobre los costes de efectividad”. “Ayer sacaba pecho de la inversión en materia sanitaria; que recupere para lo público lo que ha estado en manos privadas”, ha solicitado, insistiendo en que es imprescindible un abordaje “estructural” y “profundo” con gestión directa por parte del Salud.
Por otra parte, el dirigente autonómico ha explicado que el “incremento sustancial” al que se refería la consejera es consecuencia del “aumento del coste de las ambulancias”. “Teníamos una tipología que no se correspondía con lo que declaraba la orden europea”, ha indicado. “Necesitamos soluciones efectivas”, ha declarado, sosteniendo que, si la Consejería tuviera “capacidad de intervención”, “tendríamos más fácil la capacidad de adaptación y la relación con quienes prestan servicio”.
"La DGA hace dejación de funciones con las condiciones de los trabajadores"
En un contexto marcado por la “caótica” situación con el nuevo pliego del transporte sanitario urgente de la Comunidad, la responsable de Derechos Sociales de IU, Marga Deyá, ha acusado al Ejecutivo de “dejación de funciones”. Tras la sentencia del TSJA que suspende el convenio de los trabajadores, ya que “no se reconoce a la empresa adjudicataria con capacidad para pactar las condiciones laborales”, Deyá ha denunciado que “los trabajadores no tienen con quién hablar para solucionar su situación”.
“Las mejoras salariales deben tener su cabida dentro del nuevo pliego. La DGA dice no tener capacidad para incidir en las condiciones laborales, pero las están impugnando porque las consideran excesivas”, ha criticado la responsable de Derechos Sociales. “Realmente son las empresas quienes tienen capacidad, sin embargo, se escudan en lo que pone en los pliegos”, ha recalcado, tras acusar al Departamento de Sanidad de “dejación de funciones”.
Asimismo, Deyá ha manifestado que se ha tenido que recurrir al 100% de los servicios mínimos cuando ha habido huelga, es decir, “es un servicio esencial y está en unas condiciones tan mínimas que se tiene que establecer el 100%”. La responsable de IU también ha hecho referencia a las horas de localización. “Reconoció un Tribunal superior que eran horas efectivas, pero Aragón no lo hace. Eso ha supuesto todas las alegaciones que han suspendido el nuevo pliego”, ha señalado, tras recordar que el “actual acaba en verano y no hay posibilidad de prórroga”.
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