Los diputados autonómicos y el Gobierno, tanto su presidente como sus consejeros, ya no serán juzgados por instancias superiores, sino que acudirán a tribunales ordinarios como el resto de la ciudadanía. Y, a su vez, toda provincia aragonesa contará con un mínimo de 14 escaños en las Cortes. Estos dos asuntos forman ya parte de la cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que pone rumbo a las Cortes Generales para su tramitación.
Tras superar el pasado 10 de marzo el debate de totalidad, este martes el Parlamento autonómico ha vuelto a aprobar por unanimidad, con 67 votos a favor, el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. Una reforma “fundamental”, “sensata”, “pactada” y “guiada por el impulso de las formaciones para llegar a un acuerdo desde posiciones rigurosas y profundas”, como han reconocido los diputados aragoneses. Ahora llega el turno del Congreso y del Senado que deberán darle el visto bueno mediante Ley orgánica en un plazo máximo de 30 días.
En la práctica, la supresión de los aforamientos supondrá que los parlamentarios de las Cortes y los miembros de la DGA no sean juzgados por el TSJA, en el caso de que hayan cometido delitos en Aragón, o por el Tribunal Supremo, si los han realizado fuera de la Comunidad, sino por tribunales ordinarios. “Es un día para darnos la enhorabuena”, ha manifestado la diputada de Cs Beatriz García. “La figura no es un privilegio”, ha recordado la popular Mar Vaquero, tras añadir que “está interpretado como factor de discriminación, y así mandamos un mensaje de confianza en las instituciones políticas y se refuerza la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial”.
Aunque desde las filas de Vox han recalcado que dicha figura es “contraria al principio de Igualdad”, su diputado ha señalado que también conlleva una “ausencia de doble instancia en el procedimiento penal que no constituye ningún privilegio”. Sin embargo, Morón ha sostenido que la eliminación de los aforamientos es “necesaria para que exista un Estado de Derecho”. “Cantabria, Murcia, Baleares o Andalucía ya lo han hecho”, ha indicado.
Por su parte, los parlamentarios de IU y Podemos han apostado por continuar con la “ofensiva de la regeneración democrática con la jefatura del Estado”. “Es una figura anacrónica, no todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos”, ha defendido Itxaso Cabrera. Mientras que su compañero del PSOE, Darío Villagrasa, ha asegurado que son “garantías procesales y no privilegios para que los parlamentarios pudieran ejercer su labor con total libertad”.
El consenso también llegaba, aunque no en la misma medida ya que el diputado de IU se ha abstenido, con la propuesta que busca garantizar que cada provincia aragonesa cuente con un mínimo de 14 escaños en las Cortes. Esta medida llega tras la modificación de la Ley electoral que hubo que hacer en las anteriores elecciones para que Teruel no bajara de 14 escaños, algo que, para los populares, fue un “criterio forzado”. En este sentido, Sanz (IU) ha aseverado que la fórmula elegida constriñe la posibilidad de garantizar una imagen “fiel” de la representatividad de la ciudadanía y de su pluralismo político. “Un voto en la población menos poblada pesa tres veces más que en la poblada”, ha subrayado.
Tras las modificaciones en 1994, 1997 y 2007, la cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llega en plena celebración de su 40 aniversario y demuestra, como han apuntado, que estamos ante un “documento vivo” que “hace de la ciudadanía una sociedad mejor”.
Date de alta para recibir nuestros boletines directamente en tu correo.