La Comisión de Sanidad del Congreso debate el informe para la regulación del cannabis medicinal

La subcomisión insta a “explorar fórmulas” que permitan la “disponibilidad” en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis
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La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados debatirá y aprobará, en su caso, este lunes el dictamen y los votos particulares al informe de la subcomisión de la Cámara Baja al Objeto de Analizar Experiencias de Regulación del Cannabis para Uso Medicinal. Además, solicitará, en su caso, a la Mesa de la Cámara elevar al Pleno dicho dictamen para su debate. El informe ha salido adelante en la subcomisión por mayoría con el respaldo de Unidas Podemos, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de ERC y Bildu y a pesar de los votos en contra de PP y Vox, y en él la subcomisión insta a “explorar fórmulas” que permitan la “disponibilidad” en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis que no tienen una autorización de comercialización para “poder dar respuesta a aquellos pacientes a los que se les prescriba a través de los canales establecidos, que puedan conllevar una mejora frente al tratamiento establecido”. En concreto, entre otras cuestiones, la subcomisión ha abogado por que la dispensación de fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis se realice a partir de la red de farmacias del sistema de salud, “con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos”. Además, ha avalado que podrán “arbitrarse mecanismos” para facilitar el acceso de los pacientes a estas fórmulas, en coordinación con las comunidades autónomas, “cuando las condiciones del paciente o la distancia a los servicios lo requieran”. Con respecto a la prescripción, la subcomisión ha defendido que ha de hacerse “exclusivamente por profesionales sanitarios, en un contexto libre de potenciales conflictos de interés” y, “preferentemente”, por parte de especialistas con competencias en las áreas que atienden a las indicaciones autorizadas en cada momento. A su entender, los tratamientos con extractos o preparados estandarizados de cannabis “deben ser de duración definida y controlable”. “En función de los resultados, los especialistas podrán mantener el tratamiento, según sea conveniente”, ha indicado la subcomisión, que ha urgido a establecer un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada servicio autonómico de salud, del mismo modo que se hace en otras situaciones.

Indicaciones

Con relación a las indicaciones para las que “parecen existir indicios más sólidos” de utilidad del uso del cannabis o sus productos, el informe recuerda que “son limitadas y parecen concentrarse en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico”, si bien invita a “ampliarse a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes”. Tras subrayar la existencia de ensayos clínicos autorizados en España para valorar la “calidad, seguridad y eficacia” de medicamentos con cannabinoides en los últimos años, la subcomisión ha reconocido la “necesidad de que se genere más investigación de calidad en este campo, y que la información generada en esta investigación sea la base en la toma de decisiones”, teniendo en cuenta también los estudios observacionales. Asimismo, ha hecho hincapié en que los dos medicamentos comercializados en España y que contienen productos obtenidos del cannabis en su composición, autorizados para determinadas indicaciones y con financiación pública, “han beneficiado a miles de pacientes en los últimos años” y defendió que los preparados derivados del cannabis que actualmente no tienen una autorización de comercialización “podrían tener utilidad como opción terapéutica para algunos pacientes”. En paralelo, ha emplazado a “velar por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico” y a evaluar “periódicamente” el uso terapéutico del cannabis y los datos de consumo en la población. Además,ha ordenado que, en un plazo de seis meses desde la aprobación de este informe por la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja, la Aemps realizará los trabajos “necesarios” para que sus recomendaciones “tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis”.

Pacientes y farmacias

Una vez aprobado este informe, el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM) ha señalado “congratularse” del acuerdo logrado en base al mismo y recordó que, después de iniciar “esta andadura en 2015 y tras siete años” ha “logrado” el objetivo de la regulación del cannabis para uso medicinal en España. “Ha sido un honor luchar por los derechos de, al menos, medio millón de pacientes” que usan cannabis medicinal en España, ha añadido el observatorio, consciente de que “es un primer paso de gigante para todos”. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha valorado que la propuesta aprobada por la subcomisión incluya finalmente la recomendación de “explorar" la "alternativa" de las farmacias comunitarias "que puedan reunir los requisitos” para dispensar fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis, al entender que dicha dispensación “beneficia, sobre todo, al paciente”. Según su criterio, se trata de una opción que "compatibiliza los más exigentes criterios de salud pública, seguridad de los pacientes, educación sanitaria y acceso con criterios de equidad”. La Organización Farmacéutica Colegial "confía" en que esta vía, que ha recibido el apoyo mayoritario del Parlamento, “sea recogida en la futura legislación” que regule el uso medicinal del cannabis en España, “teniendo en cuenta a las farmacias comunitarias en las mismas condiciones que a las farmacias hospitalarias”.