El Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (Tacpa) ha suspendido cautelarmente el proceso de licitación del nuevo pliego del Transporte Sanitario Urgente en Aragón, tras los ocho recursos presentados en esta institución. Han sido cuatro ayuntamientos (Maella, Aranda de Moncayo, Brea de Aragón e Illueca) y dos asociaciones de empresarios y dos sindicatos (SCS y CSIF) los que han presentado dichas alegaciones.
Según la resolución del Tacpa, esta decisión se adopta ante la cercana finalización del plazo para presentar ofertas, que concluye el próximo viernes 24 de junio, y así “evitar perjuicios al interés general”. De este modo, el tribunal no entra a valorar todavía el fondo del asunto, sino que paraliza la licitación para disponer de más tiempo y estudiar los recursos.
"Nos congratula la decisión de parar un procedimiento lesivo para los aragoneses por no garantizar una asistencia igualitaria y de calidad y por estar infradotado económicamente", ha manifestado el Sindicato Cooperación Sindical del Sector Transporte Sanitario de Aragón. "Que haya ocho recursos solo demuestra la sinrazón de este contrato que no está dimensionado ni en su presupuesto ni en su organización", han defendido.
Precisamente, esta decisión llega tras la defensa de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, del nuevo contrato de ambulancias. En las Cortes de Aragón aseguraba este viernes que la DGA "no iba a retirar el pliego". "No vamos a privar a los aragoneses del mejor pliego de ambulancias", sostenía, un mensaje que ratificaba el presidente de Aragón, Javier Lambán: "Este modelo es mejor que el anterior y quedará claro cuando se pueda explicar sin interferencias".
El Parlamento autonómico, a propuesta del PP, también había exigido este jueves una "revisión" y "modificación" de los nuevos pliegos; distintas formaciones acordaron que los Soportes Vitales Básicos (SVB) debían contar con presencialidad las 24 horas y estar dotados por profesionales de Medicina y Enfermería.
Por otra parte, desde las filas del PP han mostrado en varias ocasiones su rechazo a este nuevo contrato. "Resta servicios, calidad asistencial y está calculado con datos económicos que nos son reales", recalcaba la portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Ana Marín. "La reducción de las horas de presencialidad tanto de las ambulancias de Soporte Vital Básico como de las ambulancias UVIS supone un perjuicio para los aragoneses, fundamentalmente del medio rural”, lamentaba.
"En el caso de las 22 ambulancias del territorio, que pasan a ser SVB, tenían localización de 24 horas y ahora pasa a ser de 12 horas, lo que se resume en que durante 12 horas van a estar paradas. La solución del Gobierno de Lambán es que sea otra ambulancia, la de los municipios más grandes, la que preste el servicio, pero dicha ambulancia puede estar presentado servicio en otro sitio en ese momento", explicaba Marín.
