Sánchez recibe la petición de la DGA de aplicar las bonificaciones del 20% en Teruel

La DGA inició una acción conjunta con Castilla La Mancha y Castilla y León para solicitar a la Comisión Europea la declaración de zonas “más desfavorecidas” a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria

Las bonificaciones de hasta el 20% en la Seguridad Social, autorizadas por la Comisión Europea en el marco del Mapa Regional sobre Ayudas Estatales, deben llegar cuanto antes a Teruel. Así lo ha manifestado este miércoles la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tras apuntar que la DGA ha aprobado un acuerdo en el que instan al Gobierno central a “establecer los mecanismos oportunos para que puedan aplicarse de forma inmediata”.

“Llevamos tres años trabajando para conseguirlo en Bruselas y que luego lo aplicara España”, ha aclarado Pérez, añadiendo que tras el estudio jurídico que elaboró la DGA, y envió en noviembre al Ejecutivo nacional, “reiteramos esa petición para que sea atendida con la mayor celeridad posible”. “Es una intervención que podemos hacer como comunidad. El Gobierno de España ha mostrado su sensibilidad haciendo suyas nuestras reivindicaciones”, ha dejado claro.

En este sentido, la consejera ha recordado que, tras conocer el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón sobre las “posibilidades en el derecho de la UE de otorgar ayudas de estado para contrarrestar la despoblación en la provincia de Teruel”, la DGA inició una acción conjunta con Castilla La Mancha y Castilla y León para solicitar a la Comisión Europea la declaración de zonas “más desfavorecidas” a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.

Además, los tres gobiernos autonómicos, con el fin de recoger estas ayudas, realizaron una iniciativa que tuvo “buena acogida” por parte de la Comisión Europea y fue incluida en el Mapa Regional sobre Ayudas Estatales para España desde enero de 2022 hasta diciembre de 2027. “Son instrumentos que habilita el Estado para aplicar a las empresas de las provincias bonificaciones de hasta un 20% en sus costes de funcionamiento. Una contribución sustentada en su baja densidad de población, inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado”, ha explicado Pérez.

“No son medidas que generan una fiscalidad diferenciada, sino que tratan de incentivar la ubicación de empresas en estos territorios que presentan elevados índices de despoblación, a través de sus costes en seguridad social”, ha asegurado la titular de Presidencia. “No hay recetas mágicas, pero son excepciones para atraer visitantes, asentar población y fomentar la implantación de iniciativas empresariales en estos territorios”, ha sostenido.

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