Una cuestión alarmante apenas comentada ya, casi olvidada, es el anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Las reformas que pretende inocular en la sociedad la ministra Montero, sin duda, se incardinan a salvar cualquier tipo de obstáculo que reprima abortar, pero ahora de forma todavía más cínica. La voluntad gubernamental codicia establecer, legalmente, la destrucción de un feto humano concebido en el seno materno, como un derecho subjetivo de accesibilidad universal. Con esta pretensión, el horror está servido y el negocio asegurado.
Lo novedoso de este anteproyecto no es tanto reestructurar los requerimientos para practicar el aborto, que también lo es, sino más bien obtener unos efectos diversos. Así las cosas, se intenta legitimar, con la acción premeditada del gobierno, una ideología monolítica y tendenciosa de la sexualidad. La finalidad es implantarla y promoverla por medio de políticas habilitantes otorgadas a los poderes públicos, tanto en la enseñanza como en la sanidad o en cualquier institución pública ad hoc.
El propósito de esta “nueva ley” no es insubstancial, al contrario, es la manifiesta incorporación al ordenamiento jurídico de los fundamentos ideológicos y de la metodología asociada a la nueva antropología progresista con un cripto lenguaje eufemístico, en la que se reconstruye el género como una elección aplicada desde el poder. Asimismo, el anteproyecto confiere a las administraciones públicas un intervencionismo social significativo, a través de competencias cuyo objetivo no es otro que desplegar y costear el adoctrinamiento antropológico señalado.
Lo relevante del anteproyecto, según prescribe el objeto de la norma, es “establecer las obligaciones de los poderes públicos (…) en relación con la sexualidad y la reproducción”. Esto es lo realmente peculiar, que los poderes públicos estén autorizados para incidir en la ciudadanía con injerencias de forma activa en la ordenación de su conducta, así como en sus opiniones relativas a la sexualidad y a la reproducción centradas siempre en el género, en el impulso del aborto y en la anticoncepción.
El anteproyecto “obliga” a las administraciones públicas a favorecer y sufragar a oenegés feministas cuyos fines sean la salud reproductiva. Obliga también a imponer la educación sexual, la que interpreta la propia ley claro está, en la esfera educativa tanto a profesores como a educandos, a los padres e incluso a los profesionales de la salud, al mismo tiempo que a promover y financiar con propaganda institucional las materias definidas en esta pretendida y abyecta ley.
Sin error, se puede afirmar que estamos ante un anteproyecto engañoso, tendente al totalitarismo, donde la oficiosa intervención administrativa intenta imponer a la sociedad su propio concepto de la sexualidad, contraviniendo con ello el pluralismo ideológico que recoge expresamente nuestra Constitución. De ahí que las ideologías de género, producto de ese laboratorio gubernamental tan confabulador como subversivo, transpiren una intransigencia propia de regímenes de pensamiento único, despóticos.
Desde un punto de vista rigurosamente jurídico, este anteproyecto responde al tipo llamado de “leyes integrales”. Estas son leyes que aspiran a regular estratégica y plenamente una materia desde una perspectiva ideológicamente compacta y unidireccional, en virtud de pautas y criterios que se inmiscuyen en similares materias ya reguladas por otras leyes actuales, pero sin modificarlas. Con ello generan un alto grado de inseguridad jurídica y una dificultad añadida a la hora de interpretar la vigencia y la prevalencia de unas y de otras. Asimismo, este modo torticero de legislar ha sido reiteradamente criticado en sus informes por el Consejo General del Poder Judicial. La siembra ideológica de estas leyes integrales espera completar su germinación, tras su trámite y posterior aprobación, con la ayuda de un ambicioso activismo político y mediático pertinentemente provechoso.
En estos tiempos nos enfrentamos a una relectura de los derechos humanos, pues a pesar de que, en todos los tratados, declaraciones y fuentes de derecho internacional, así como en nuestra propia Constitución, se establece abiertamente el derecho a la vida, paradójicamente el concepto de muerte (provocar abortos) se intenta blindar como un derecho subjetivo integrado normativamente en el propio derecho sustantivo.
Ante este fenómeno manipulador, antihumanista, que secuestra el espíritu que anida en el fondo preceptivo internacional, y que despoja vilmente a los derechos humanos de la esencia de su ser, cabe la alternativa de objetar a la explotación abortiva dado que ningún aval normativo autoriza la imposición estatal para practicar la misma. De prosperar el anteproyecto de la ministra Montero, se corre el peligro de quebrarse el pluralismo democrático, de no observarse la neutralidad administrativa, de instaurar el intervencionismo estatal y autonómico, e incluso de idolatrar la sexualidad sin ánimo de reproducción.
Por cierto, señora Montero, ¿dónde queda el fomento de la natalidad y la protección de la maternidad? En torno a su competencia ministerial, existen muchas familias cuyas madres están ávidas de sentirse atendidas por el dulce hecho de gestar un bebé, y por el futuro que les espera después de dar a luz. Acuérdese también de ellas, porque con sus impuestos pagan al gobierno, al que usted pertenece, regularmente a fin de mes.
