El PP denuncia «graves irregularidades» en la gestión del dinero público por parte de la DGA

Para Susín, el Ejecutivo tiene un serio problema con el cumplimiento de la normativa vigente

La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha analizado este sábado las irregularidades que refleja el Informe de Fiscalización, realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón respecto a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2020.

En 2020, la DGA recibió 430 millones de euros del Gobierno de España para hacer frente a la lucha contra la pandemia, de los cuales solo 214 millones de euros se han justificado como gastos Covid. Por lo tanto, hay “216 millones de euros que no se sabe dónde han ido a parar”, ha señala Susín. Y es que, según asegura el informe del órgano fiscalizador “no es posible identificar la totalidad de los documentos contabilizados vinculados a la pandemia”. Es por ello, por lo que la diputada popular insta al Ejecutivo a que “dé explicaciones y aclare de una vez dónde están y a qué se han destinado esos 216 millones”.

Este Informe de Fiscalización revela también la existencia de dos contratos de vacunas de neumococo, realizados por el Departamento de Sanidad, en los que no existe tampoco, como ya ocurrió en el caso de las mascarillas, documentación justificativa de que las vacunas fueran recibidas, además de una serie de “graves de irregularidades” en los procedimientos de contratación.

«Más contratos irregulares»

Las “irregularidades” se repiten en un contrato de la empresa pública Sarga para la Gestión del Catálogo Especies Amenazadas y Banco de Datos de Biodiversidad. “La ejecución de dicho contrato se había iniciado con anterioridad a la fecha oficial de inicio del mismo, pero es que además no existe justificación de los gastos, ni documentación acreditativa de las comprobaciones materiales y documentales sobre el grado de ejecución del encargo, ni memorias de los detalles y ni siquiera existe documentación del personal adscrito al trabajo objeto del contrato”, ha enfatizado Susín.

Por otra parte, la diputada popular recuerda que las “irregularidades y los ejemplos de mala gestión continúan”. Así, la dilatación de los plazos administrativos o las adjudicaciones de obras públicas, que han finalizado en resoluciones de contratos, le han costado importantes sumas de dinero a los aragoneses, y afectan a contratos de carreteras, Expo Zaragoza Empresarial o el aeropuerto de Teruel, según ha apuntado.

Ante la “gravedad de las irregularidades”, que afectan a la gestión realizada por el Gobierno de Aragón, la portavoz de Hacienda de los populares ha manifestado que “es Javier Lambán quien debería dar explicaciones al respecto, de manera urgente y con transparencia”, puesto que no parecen ser “casos aislados, sino una forma de gestionar que, a la vista de lo que vamos conociendo, es común en el Gobierno que él preside y de la que debería hacerse responsable”.

«Gastar bien también es justificar bien el gasto»

La diputada popular ha recordado el caso conocido hace dos semanas, cuando la Cámara de Cuentas desveló un pago de 244.000 euros en mascarillas sin factura y de las que no hay pruebas sobre si se recibieron por parte del Gobierno de Aragón. La propia Cámara de Cuentas reproducía en su informe la alegación del Departamento de Servicios Sociales que pone de manifiesto que las mascarillas se recibieron -sin acreditación documental alguna- pero no cumplían los requisitos del contrato y aun así se repartieron en las Residencias de mayores. Según Susín, esto revela “la falta de escrúpulos del Gobierno a la hora de repartir un material que no protegía, más allá de la falta de justificación documental del gasto”.

Para Susín, el Ejecutivo tiene un serio problema con el cumplimiento de la normativa vigente. “Cuando se gobierna no solo hay que gastar bien, porque comprar vacunas es gastar bien, sino que también se debe cumplir la ley, justificar correctamente y acreditar de forma correcta todos los gastos. Ya que este Gobierno no lo hace por vocación, debería hacerlo por obligación”.

La parlamentaria apunta que los hechos conocidos este sábado son graves “y nos hacen sospechar que la vigilancia y el cumplimiento de la ley sobre la justificación del dinero público no es un problema administrativo aislado, “sino que mucho nos tememos que sea la norma general de un Gobierno que mucho antes de la pandemia ya demostraba no tener rumbo alguno”.

Por esta razón, Susín ha instado a Lambán a hacer “el anuncio que todos esperan: informar a los aragoneses de cuál va a ser el próximo escándalo de su Gobierno”.

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