Varios militares piden que actúe la justicia ordinaria ante denuncias por acoso laboral de altos cargos

El presidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, José Manuel Soto, y el vicepresidente, Ricard Mitjana, durante su comparecencia en las Cortes de Aragón

La asociación militar Cuestión de Justicia y Honor ha denunciado este martes en las Cortes de Aragón acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales en la cadena de mando sufrido por varios componentes del Ejército del Aire destinados en la Comunidad. «Hay un sistema de engranaje médico jurídico donde, por incapacidad psicológica o por falta de disciplina, se acosa o expulsa a los militares que denuncian irregularidades dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha manifestado el director de la asociación, José Manuel Soto, tras recalcar que «no son casos aislados».

«Todos los expedientes que nos han presentado tienen el mismo patrón», ha asegurado Soto, tras solicitar una «toma de conciencia» por parte del Parlamento autonómico «debido al abandono de la autonomía». «Esta consentido por la parte jurídica y médica que dan peso a la discapacidad psicológica o indisciplina militar, produciéndose el acoso de la administración sin consecuencias jurídicas para los responsables», ha expuesto. En este sentido, el máximo responsable la asociación ha apelado a una justicia ordinaria en tiempos de paz. «La justicia paralela -en alusiones a la jurisdicción castrense por la que los militares son juzgados por tribunales militares- es saltarnos los valores constitucionales».

Esta práctica es avalada, según el vicepresidente de Cuestión de Justicia y Honor, Ricard Mitjana, por 200 expedientes en estudio que han llegado hasta la asociación. «La expulsión del Ejército se produce tras un acoso médico, donde diagnostican patologías convenientes de acuerdo con el mando, y un acoso jurídico: se señala al militar como un indisciplinado y se crea un relato legal ajustado a la legislación aplicable», ha explicado. «Hay 15.000 militares aragoneses, un 12% del total de las Fuerzas Armadas en España, y no están defendidas por las instituciones aragonesas», ha criticado Mitjana, solicitando un tribunal independiente con garantías de defensa, además de juicios imparciales y posibilidad de interposiciones de recursos ante tribunales ordinarios.

Precisamente, Mitjana ha dado cuenta de cuatro casos en Aragón. «Una sufrió una sanción por pertenecer a nuestra asociación, otro una expulsión tras una infracción disciplinaria y el tercero no obtuvo una investigación tras padecer acoso laboral», ha revelado. «A la cuarta persona, la capitana del Ejército de tierra, que denunció al amparo del protocolo sexual al delegado de defensa de Aragón, no se le protegió y fue declarada discapacitada psicológicamente», ha lamentado.

«En tiempos de paz, no cabe la justicia militar»

Las reacciones por parte de los grupos parlamentarios no han tardado en aparecer. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha destacado que «en tiempos de paz, no cabe la justicia militar». «Alemania la eliminó en 1949 y Francia en 1962. No podemos eternizar situaciones profundamente antidemocráticas, emplean la justicia como fin y no como mecanismo», ha sostenido, tras recordar que debe haber separación entre quienes instruyen y acaban resolviendo casos. «Actúan como fiscales, jueces y asesores en una misma causa y eso afecta a los derechos fundamentales», ha puntualizado.

Un planteamiento que también ha defendido su compañera Carmen Martínez (CHA). «Se les tiene que reconocer sus derechos constitucionales para que puedan recurrir y tengan una instrucción justa», ha apostillado. Sin embargo, ha apuntado a que la solución no estaría en las Cortes de Aragón, sino en el Congreso de los Diputados.

Para el parlamentario de Vox, Santiago Morón, «es evidente que estas situaciones se están dando y los mecanismos de control y garantía no son los idóneos». No obstante, ha rechazado hablar de «entramados». «Son casos aislados», ha matizado, tras apostar por controles procesales que puedan garantizar el derecho fundamental de los militares.

«Visibilizar un problema que existe, no tiene nada que ver con desprestigiar al Ejército», ha manifestado el popular José Antonio Laguëns. «Tenemos que mejorar y modernizar una institución, hay óxido en el funcionamiento de la justicia militar», ha subrayado. Por otra parte, se ha abstenido sobre eliminar la justicia militar en tiempos de paz, «no sé si es necesaria o no», pero «lo que sí sé es que la Ley militar no se está utilizando correctamente».

«Quiero que sean conscientes y se dediquen a protegernos»

Frente a las declaraciones de los diputados que desconocían qué podían hacer ellos desde el Parlamento autonómico, la Asociación Cuestión de Justicia y Honor ha expresado que les gustaría que «fueran conscientes del problema y se dediquen a protegernos». «Estamos haciendo una campaña por todos los Parlamentos autonómicos para que sean conscientes de que el problema lo tienen con sus conciudadanos», ha insistido.Por último, el vicepresidente, Ricard Mitjana, ha aseverado que, dentro de las fuerzas armadas, hay individuos «que bordean la legalidad». «Desde 2018 hasta 2020, la media de edad de expulsión por incapacidad es de 25 años de servicio, ¿tardan los médicos 25 años en darse cuenta?», se ha preguntado.

«Esto lo hacemos por vocación, porque nos consideramos militares. Seguimos trabajando por la institución y las denuncias las hacemos por una cuestión de justicia y honor», han zanjado.

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