Los sindicatos de ambulancias apuntan a una huelga si no se «recalculan los costes del convenio»

El Sindicato Cooperación Sindical ha vuelto a poner sobre la mesa el convenio colectivo que firmaron con la antigua empresa adjudicataria, Acciona

Parece que en esta ocasión después de la tormenta no llega la calma. Tras la aprobación el pasado viernes del nuevo pliego del transporte sanitario urgente de Aragón, que rectifica en la eliminación de quince ambulancias convencionales y se dota de 127 millones de euros, 50 millones más que el anterior, la sección sindical de ambulancias del Sindicato Cooperación Sindical ha vuelto a poner sobre la mesa el convenio colectivo que firmaron con la antigua empresa adjudicataria, Acciona. Un asunto que, en estos momentos, se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ya que la DGA presentó una demanda al considerar «inabordables» las mejoras laborales de los trabajadores.

En este sentido, desde el sindicato han manifestado este martes en el Parlamento autonómico que hay «dos salidas». «Que no se estime la demanda de la Administración y se tengan que recalcular los costes del convenio o que se estime y se vuelva a la casilla de salida: huelga indefinida del sector del transporte sanitario», han asegurado. Por otra parte, han tildado de «absoluta irresponsabilidad» la realización del pliego tras la judicialización del convenio. «En este tipo de contratos el 80% de los mismos es la plantilla. Si no sabemos cuánto cuesta la plantilla, qué seguridad deja a las empresas que vienen a concursar aquí», han sostenido.

Frente a las declaraciones del Ejecutivo autonómico que señalan el acuerdo de «inasumible» y aseveran que «hipoteca la sanidad aragonesa», desde el colectivo han confirmado que es «abarcable». «El pliego no llega al 1,5% del presupuesto destinado a la Sanidad. Y si se atienden las demandas de los trabajadores, no se llegaría ni al 2%», han apuntado. Además, han puntualizado que «con la inflación y estos acuerdos, ya estaríamos perdiendo poder adquisitivo». «La subida pactada para toda la plantilla sale de pluses fijos que dejarían de percibir algunos trabajadores», han aclarado.

Por otra parte, la sección sindical del transporte sanitario urgente ha denunciado que no ha habido una «actitud de escucha activa» por parte de la Administración. «Ha perdido más tiempo en criticar las demandas que en sentarse con los trabajadores a buscar soluciones», han lamentado. Por esta razón, han apostado por la creación de «mesas de diálogo» entre el Departamento de Sanidad y el sector para llegar a acuerdos.

Por último, desde el colectivo han exigido una distribución de ambulancias basada en la equidad, la eliminación de los dispositivos de localización y la incorporación de bases operativas óptimas. Asimismo, han recordado que los técnicos sanitarios tienen competencias sanitarias «generales y específicas» estipuladas por la ley. «Se nos ha tildado de meros transportistas. Dicen que la capacidad asistencial solo la dan enfermeros y médicos», han criticado, tras remarcar que los técnicos tienen «plenas competencias asistenciales». «Le tendría que quedar claro a la Administración»,  han zanjado.

La internalización sigue en el «punto de mira»

El debate sobre la internalización del servicio del transporte sanitario urgente sigue estando encima de la mesa. Mientras que algunas fuerzas políticas han expresado que solucionaría el problema, otras han afirmado que seguiría dependiendo del presupuesto.

«No se puede dejar en manos privadas un derecho fundamental y permitir que se haga un negocio con la salud», ha sostenido el diputado de IU, Álvaro Sanz. «Podríamos dar una mejor respuesta con una gestión pública: es tiempo y voluntad política», ha añadido la parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras. Desde Podemos, Itxaso Cabrera ha apostado también por la finalización de los contratos con las empresas privadas «cuyo fin es mejorar sus condiciones y no las de la ciudadanía». Mientras que Esther Peirat (PAR) ha reconocido que hay que estudiar el modelo.

Por su parte, Susana Gaspar (Cs) ha criticado la respuesta del Ejecutivo por no intervenir en el conflicto entre Acciona y los trabajadores. «Utilizaban la excusa de que no podían meterse en un conflicto entre empresas y trabajadores y ahora no solo se meten, sino que impugnan el acuerdo al que han llegado», ha declarado.

«Si no se conoce el coste del convenio, cómo se van a redactar unos pliegos del coste del servicio», se ha preguntado el diputado de Vox, Santiago Morón, tras indicar que «si no hay una apuesta decidida desde el punto de vista presupuestario, da igual, no mejora el servicio».

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