La ley contra el fraude en España y su relación con las criptomonedas

Ley contra el fraude para las criptos en España

El 10 de julio de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en España la ley 11-2021, que trata distintos temas, como las herencias, el impuesto sobre la renta para las personas físicas, los impuestos de sociedades y por supuesto, las criptomonedas, que es el tema de este artículo.

En este artículo se resume lo que compete a dicha ley con respecto a las criptomonedas. El documento puede ser leído por cualquier persona en la página web del BOE, en este enlace.

Monedas virtuales, no criptomonedas

Lo primero que llama la atención es el nombre que usan para referirse a las criptomonedas. El término usado es “monedas virtuales”. La raíz “cripto-” sólo es usada en cuatro ocasiones para referirse a las “claves criptográficas privadas” y no a las criptomonedas como tal.

Sin embargo, el sintagma “monedas virtuales” aparece 18 veces y su singular “moneda virtual” 3 veces, en ambos casos para referirse a lo que popularmente se conoce como criptomonedas o tokens criptográficos.

Exchanges y usuarios en la mira de Hacienda

La ley 11-2021 exige a los ciudadanos españoles y los residentes en España que reflejen en sus declaraciones de impuestos su tenencia de criptomonedas. Para esto se deben indicar los saldos al principio y final de año, así como su cambio en euros. Las personas naturales deben indicar tanto las criptomonedas que tienen en exchanges que operan en España, como en aquellos que permiten el registro y uso a los ciudadanos españoles pero tienen su sede en otros países. Tampoco quedan exentas las posiciones que tengan en wallets de custodia privada, pues deben ser incluidas en la declaración.

Otro punto importante es que también los exchanges deben suministrar esta información de los usuarios a Hacienda. Esto le permite al estado cotejar todos los intercambios de criptomonedas que ha realizado una persona en un Exchange en comparación de los que ha declarado. Sin embargo, a muchos usuarios les quedan dudas de los procedimientos que realizará el Estado para solicitar información de usuarios españoles a exchanges que no tienen su sede en el país, o de cómo monitorearán las Blockchain con el fin de saber si un determinado monedero pertenece a un ciudadano español.

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También se debe “comunicar a la Administración Tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia” De este modo, los impuestos se podrán aplicar sobre estas operaciones y sobre los saldos finales en caso de que las posiciones no hayan cambiado en número de criptomonedas a final de año.

Las sanciones son bastante duras: los ciudadanos y residentes españoles a los que se les comprueben inconsistencias entre los valores declarados y los valores reales deberán pagar una multa de 5.000 euros por cada criptomoneda que presente dichas inconsistencias. Sin embargo, el estado sólo aplicará estas multas a quienes posean (declarado o no) monedas virtuales por un valor superior a los 10.000 euros, por lo que los pequeños inversores pueden estar tranquilos.

Sin embargo, las multas son extremadamente sancionadoras, en especial cuando se trata de personas olvidadizas o para criptomonedas que suben repentinamente. Si una persona tiene 1.000 euros en una criptomoneda, esta sube exponencialmente a final de año y su dueño se olvida de declararla, sería igualmente penalizado.

No hay referencia al stacking ni al DeFi

La ley 11-2021 fue pensada y discutida varios años antes. Sólo así se explica que no contemple información sobre las criptomonedas que están en proyectos de las finanzas descentralizadas como el yield farming. Tampoco habla de las posiciones en criptomonedas que se tengan puestas en staking. Tampoco se contempla cobrar impuestos sobre la compra o venta de Tokens No Fungibles (conocidos como NFTs).

Es probable que en los próximos años se introduzcan reformas en la ley que incluyan estas innovaciones del ecosistema cripto, pero para entonces habrá nuevos protocolos que no estarán contemplados en las nuevas leyes.

Aunque estas leyes buscan evitar el blanqueo de capitales y hacer más transparente la adopción de las criptomonedas, las medidas son extremadamente punitivas y atentan contra las principales razones por las que se han empezado a usar criptomonedas, como la privacidad y la descentralización. El intercambio de criptomonedas se suele hacer de forma anónima, pero los estados están en contra de eso.

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