La DGA asegura que el presupuesto autonómico “tiene capacidad” para pagar las obras públicas en carreteras

Aragón podrá aplicarlo a otros contratos de servicios y suministros para la ejecución de la obra pública

Después de que el último Consejo de Gobierno diera luz verde a la revisión de la subida del precio de los materiales en las obras públicas, el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado la ronda de contactos con las empresas dedicadas a la conservación de carreteras que trabajan en la Comunidad. De hecho, los consejeros de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y el de Movilidad y Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se han reunido este viernes con diferentes representantes del sector para asegurarles que el presupuesto “tiene capacidad” para pagar las indemnizaciones.

El nuevo decreto, que amplía la normativa estatal, se ha publicado este viernes y entrará en vigor mañana. Aragón podrá aplicarlo a otros contratos de servicios y suministros para la ejecución de la obra pública. Además, se amplifica la lista de materiales y se establece la posibilidad de modificarlos para realizar una determinada obra. Será de aplicación a todos los contratos de obra pública y de suministro de servicios que se encuentran en fase de ejecución, licitación o adjudicación.

“Ejercemos el autogobierno y nuestras competencias para que no se pare la obra pública en Aragón. Tenemos la competencia para desarrollar la normativa estatal y lo hacemos para incluir la casuística aragonesa”, ha explicado Soro. Pese a que según ha manifestado el presidente de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obra Pública, Luis Gamón, la medida les ha contentado, reconocen que tienen dudas sobre el origen de los fondos que buscan pagar dichas indemnizaciones.

Mientras, Pérez Anadón ha explicado que el decreto incluye también a las entidades locales que se quieran sumar, respetando la autonomía local, y abriendo la revisión de precios al tipo de obras y trabajos que se realizan en la Comunidad.

El Gobierno de Lambán ha ampliado el listado de materiales incluidos en el Real Decreto Ley del Gobierno de España (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre), introduciéndose los cementos, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos y rocas y vidrio.

También da cabida a los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, a la conservación y mantenimiento de edificios públicos y al suministro de los materiales necesarios. Otra de las reivindicaciones trasladadas por el sector es la que tiene que ver con la posibilidad de sustituir los materiales por otros siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos ni la seguridad de la obra.

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