La DGA revisará la subida del precio de los materiales en las obras públicas

Esta intervención también da cabida a la conservación y mantenimiento de edificios públicos

Las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania han dado al traste con la recuperación económica que atisbaba España tras los dos años de pandemia. La ofensiva de Rusia sobre territorio ucranio ha perjudicado seriamente al mercado eléctrico y de los hidrocarburos, con un incremento desorbitado del precio de las materias primas. En este sentido, y con el objetivo de no tener que paralizar las obras públicas, el Ejecutivo aragonés ha dado luz verde a la revisión de esa subida de los precios en los materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio, cobre, cemento, cerámica, madera, plásticos, áridos, rocas y vidrio.

Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. “Urgía adoptar medidas excepcionales relacionadas con un asunto de este calado”, ha expresado. La crisis está ocasionando dificultades en la ejecución de los contratos, razón por la que la norma también afecta a los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública.

La Ley de Contratos del Sector Público, «muy limitada» 

Este decreto permitirá a Aragón dotarse de un instrumento legal que permita revisar los precios de los materiales más allá de lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público, “muy limitada” para dar respuesta a la casuística que se ha generado en este periodo.

La intervención del Gobierno de Lambán también da cabida a los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, a la conservación y mantenimiento de edificios públicos y al suministro de los materiales necesarios.

Asimismo, se establecen otras medidas complementarias para abarcar aquellos problemas surgidos con los contratistas de obras públicas. Entre ellas se incluye la posibilidad de sustituir los materiales por otros siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos ni la seguridad de la obra.

Además, según ha matizado Pérez, decaerá la posibilidad de imponer sanciones a las contratistas si se demuestra que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la demora en el suministro de materiales.

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