La DGA aprobará un decreto ley para satisfacer las necesidades de los contratistas de obras públicas

La urgencia por la falta de suministros, la subida del precio del combustible y de la energía, así como la paralización del sector del transporte, ha provocado que el Gobierno de Aragón se vea en la obligación de intervenir

El Ejecutivo autonómico deberá acometer un desembolso importante para que los contratistas de las obras públicas de las administraciones aragonesas no detengan sus labores de construcción en diferentes infraestructuras de la Comunidad. La urgencia por la falta de suministros, la subida del precio del combustible y de la energía, así como la paralización del sector del transporte, ha provocado que el Gobierno de Aragón se vea en la obligación de intervenir para soliviantar la situación. Por este motivo, en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un decreto ley que dará satisfacción a las necesidades manifestadas por los contratistas. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, durante la sesión plenaria de este jueves, aunque sin concretar una cifra monetaria exacta.

Las consecuencias negativas derivadas de la guerra de Ucrania, que comenzó justo hace un mes, no cesan y la crisis en diferentes ámbitos se acrecienta con el paso de los días. Muestra de ello es la macroconcentración de agricultores, ganaderos y cazadores que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid, la huelga de los transportistas a escala nacional o el bloqueo de los puertos marítimos.

En este contexto, tal y como ha recordado el propio Pérez Anadón, el Consejo Europeo se congrega hoy y mañana para debatir sobre la agresión militar rusa contra el pueblo de Ucrania, la seguridad y la energía, las relaciones exteriores y cuestiones económicas. Un encuentro al que, además de los principales líderes europeos, asiste también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ya aterrizando en España, este mismo lunes se reunió la Conferencia Sectorial para abordar un plan de respuesta a la guerra. En representación de Aragón asistieron tanto Pérez Anadón como el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga. Una reunión en la que se establecieron hasta ocho objetivos prioritarios en aras de dar una respuesta eficaz y solidaria a los efectos de la guerra. Desde bajar el precio de la energía, el gas y los carburantes, pasando por apoyar a empresas y sectores afectados, evitar una espiral inflacionista y garantizar los suministros y proteger la estabilidad financiera, hasta acelerar el despliegue de la recuperación económica, afianzar la eficiencia energética y reforzar la seguridad.

Propuestas de Aragón 

Las propuestas de Aragón, según ha explicado el responsable aragonés en materia de Hacienda, estuvieron dedicadas al respaldo presupuestario de Moncloa a las comunidades. “Tenemos que ser capaces de identificar aquellos sectores más afectados. Hemos pedido un nuevo fondo especial para atender las necesidades socioeconómicas y también solicitamos recuperar el fondo de solvencia empresarial”, ha expuesto, haciendo hincapié en su ampliación en el ámbito de los contratos y de los materiales. Además, ha confirmado que Aliaga incorporó una moratoria de amortización de los créditos ICO.

“Tenemos centralizados los contratos relativos a garantizar el suministro eléctrico”, ha asegurado Pérez Anadón. De hecho, actualmente están en vigor el acuerdo marco sobre energía eléctrica, sobre gas natural y sobre gasóleo para calefacción hasta finales del año 2023, y el de carburante para vehículos hasta inicios de 2024. “El actual marco establece un sistema de precio fijo para cada tarifa eléctrica”, ha sostenido, al tiempo que ha añadido que se garantizan unos precios calculados de 92 euros por kilovatio hora, que “a día de hoy son muy buenos costes”. En lo referente al gas, cuyos importes se revisan trimestralmente, “tenemos asegurado el suministro en todos los casos y estamos protegidos ante el incremento de los precios”.

En última instancia, retornando a esa recuperación del fondo de solvencia, ha remarcado que Aragón fue la comunidad pionera en solicitar la incorporación de los remanentes no comprometidos en 2021 al Presupuesto de 2022. Y en lo relacionado con la posible instauración de un fondo extra, Pérez Anadón ha reconocido que no hubo un compromiso concreto por parte del Gobierno central, pero ha matizado que la ministra del ramo, María Jesús Montero, planteó que existiría un “fondo generoso” para todo aquello que tiene que ver con los refugiados de Ucrania.

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