Las lesiones del guardia tiroteado por el Rambo de Requena casi le cuestan un brazo

El juicio ha quedado visto para sentencia

El agente herido por el Rambo de Requena durante un intercambio de disparos en un callejón en Muniesa (Teruel) tuvo que ser operado hasta en siete ocasiones por las heridas que sufrió. Los forenses médicos que atendieron al guardia creen que la situación que padeció era “vital” por la corta distancia del disparo, pero no fue mortal porque alcanzó al brazo en su mayoría. Si se hubiera visto afectada la zona torácica o cervical el final podría haber sido otro. Sin embargo, la médica forense ha declarado que se planteó la amputación del brazo por las heridas de extrema gravedad que sufrió.

Los especialistas de la Guardia Civil de balística también han declarado esta mañana en la Audiencia Provincial de Teruel y han expresado que Pedro Lozano, alias el Rambo de Requena, disparó una escopeta trucada con postas, munición empleada en la caza, que alcanzó hasta en ocho ocasiones al agente. La peor parte se la llevó su brazo, de pronóstico muy grave, que le obligó a pasar 44 días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Durante estos días, los forenses médicos han relatado ante el tribunal que tuvo que ser operado hasta en siete ocasiones para poder reparar el hueso, muy afectado por las postas y que se abrió en una z. También se le tuvo que implantar una placa de metal que todavía lleva. El agente ha perdido la habilidad conocida como “fina”, algo que le afecta gravemente a sus capacidades habituales. A este perjuicio físico se debe añadir las secuelas psíquicas que sufre desde aquel día.

Los forenses creen que el agente herido “tiene tendencia a la depresión” y una “desesperanza” hacia el futuro. Estas consecuencias serán juzgadas por un tribunal militar que decidirá sobre su incapacidad para ejercer como agente de la Guardia Civil.

La fiscal Ester Ventura mantiene la tentativa de homicidio y pide para Pedro Lozano 29 años de prisión. La acusación particular de los guardias civiles, ejercida por el letrado Jorge Piedrafita, mantiene la petición de 61 años de prisión por, entre otros, un delito de tentativa de asesinato. Delito al que también se ha unido el abogado de la acusación popular, Mariano Tafalla. La defensa del acusado mantiene que no hubo intención de acabar con la vida de los agentes y pide para él un delito de lesiones graves que, computado a otros ilícitos, se quedaría en tres años y medio de prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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