David Arranz / Diputado de VOX en las Cortes de Aragón

VOX reclama la devolución de las sanciones

David Arranz
David Arranz

En nuestro compromiso de velar por el respeto de los derechos y libertades de todos, consagrados en nuestra Constitución, VOX presentó dos oportunos recursos de inconstitucionalidad, frente a sendos estados de alarma declarados por el Gobierno de Sánchez. El estado de alarma y su prórroga.

Del segundo estado de alarma, de octubre de 2020, un año después, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales: tanto la prórroga de 6 meses, como el nombramiento de autoridades competentes delegadas, fijadas por el Real Decreto en cuestión. Pero ya en julio de 2021 fueron declarados inconstitucionales algunos aspectos del primer estado de alarma.

VOX sostenía en su recurso que el segundo estado de alarma vulneraba varios artículos de la Constitución. Del derecho a la libertad, a la seguridad, a la libre circulación, a la reunión y manifestación pacífica. Y nuestra formación se posicionaba contra las sanciones administrativas que, directa o indirectamente, implicaran privación o menoscabo de derechos y libertades.

También VOX entendía como inconstitucional la decisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer sólo cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para informar y dar cuenta de su evolución.

Pues bien, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, y declaró nulos varios preceptos incluidos en el Real Decreto que decretaba el segundo estado de alarma, referidos a la competencia y autoridad delegada de las Comunidades Autónomas. Estas habilitadas por delegación del Gobierno de España para dictar órdenes, resoluciones y disposiciones. Y que, entre otros aspectos, comprendían directamente las restricciones sanitarias adoptadas por las propias Comunidades.

Medidas estas que conllevaron toda una serie de sanciones por infracciones a tales restricciones sanitarias. Tales como saltarse el toque de queda, los confinamientos perimetrales, o superar los límites para las reuniones sociales.

A nuestro entender, otros expedientes sancionadores también podrían verse afectados. Como las infracciones relativas al uso de la mascarilla o fumar sin guardar distancias establecidas, por ejemplo.

Además, nos resultaba poco reconfortante contemplar a la Policía vigilando a la ciudadanía. Para ver si a uno se le sale la nariz por encima de la mascarilla, o se fuma un cigarro. La Policía, creemos, no está para tal labor. Ni se protege así la seguridad y la salud públicas. Además, muchas de estas medidas impuestas eran muy cuestionables en cuanto a efectividad y lógica, y cambiantes en el tiempo sin una clara motivación científica objetiva.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón planteó una consulta al Gobierno de Aragón. En relación a la incidencia de las sentencias de inconstitucionalidad, en los expedientes sancionadores relativos al estado de Alarma y la crisis Covid.

Desde la Consejería de Sanidad, ya que las sanciones se interponían por parte de ese Departamento, se nos respondió que están aún a la espera de la emisión del oportuno informe de la Dirección de Servicios Jurídicos. Nos indicaron que, una vez se emita tal informe, valorarán los efectos que corresponde otorgar a los distintos expedientes sancionadores: su archivo, o devolución del importe de las multas que se hubieran pagado y quedasen anuladas.

Sin embargo, y así lo tenemos que denunciar, se dan mucha más prisa en seguir recaudando y meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, en particular sobre los que pesa algún expediente sancionador por tales causas.

En este sentido, nos consta que han acelerado la maquinaria para tramitar tales expedientes y sanciones antes de que pudieran prescribir. Según la información remitida por el Gobierno de Aragón, a fecha diciembre de 2021, el Departamento de Sanidad ha tramitado 42.925 expedientes sancionadores, de los que 29.233 han sido resueltos.

Ha recaudado un total de 1.617.328 €. Y estaría pendiente de recaudar la cifra de 4.439.753 €.

Por todo ello, VOX ha defendido recientemente una Proposición no de Ley en la que solicitaba al Gobierno de Aragón la devolución, de forma inmediata, del importe recaudado correspondiente a expedientes sancionadores. Por incumplimientos de medidas de restricción declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, e impuestas en el segundo estado de alarma, al ser estas cantidades indebidamente recaudadas. También ha solicitado el archivo de los expedientes sancionadores cualquiera que sea la fase procedimental en la que se encuentren. Pero el cuatripartito ha rechazado esta propuesta, y ha vuelto a exhibir una particular manera de interpretar las sentencias del Tribunal Constitucional, y de velar por los derechos de los aragoneses. Luego dirán que son los garantes de la Carta Magna.

VOX, siempre en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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