Una fría mañana de enero, hace más de cuarenta años, los dos últimos vecinos de Jánovas, Emilio Garcés y Francisca Castillo, nos contaban a José María Campos y a mí cómo Iberduero había bombardeado el pueblo, incluida la escuela con los niños de las pocas familias que se resistían a marchar, para poder construir el ya famoso embalse frustrado. Tuvieron que pasar treinta años para que los propietarios expropiados pudieran recuperar sus propiedades y el pueblo volviera a estar vivo.
Sobrarbe simboliza, más que ningún otro territorio de Aragón, el precio que las zonas despobladas vienen pagando para que sus recursos naturales sirvan al desarrollo y crecimiento de las ciudades y zonas más grandes y ricas de España. Han pasado décadas, ya no está Franco, pero sí el mismo injusto capitalismo de unas pocas grandes energéticas, y zonas como La Fueva o las comarcas de Belchite y Daroca cargan con el coste ambiental, territorial y social de producir electricidad para la industria y las ciudades de Bilbao, Barcelona o Valencia.
Algunas de las concesiones hidroeléctricas asociadas a los embalses del Pirineo han caducado ya y el Estado se ha quedado con la explotación de la Central. Hasta ese momento, los pequeños municipios donde se localizaban esos embalses percibían el Impuesto de Actividades Económicas, pero, como esa Administración Pública está exenta de ese impuesto, esos ayuntamientos han perdido ese ingreso, sin otro tipo de compensación. Tienen que esperar al nuevo concurso público de adjudicación y a que los pliegos de condiciones incluyan algunas de sus reivindicaciones, hasta ahora olvidadas por las grandes eléctricas y las instituciones públicas.
Ahora que la Universidad de Zaragoza, como otras muchas familias aragonesas en dificultades económicas o, incluso, en pura pobreza energética, ha decidido suprimir la calefacción ante la subida de la electricidad y el gas, duele mucho más este tipo de capitalismo que traslada a la propia sociedad nacional el modelo colonial clásico: expoliar el territorio más rico en materia prima y con menos desarrollo y población para que genere riqueza allá donde ya hay más desarrollo, población y calidad de vida. Este colonialismo interior sacrifica el más débil en favor del más fuerte, además bajo el paraguas del interés público que a las grandes corporaciones dan las instituciones públicas.
Estos años pasados el Presidente Lambán presumió de que Aragón acogía la mayor parte de la energía eólica que los gobiernos de Rajoy adjudicaron en los años 2016 y 2017. Como gran beneficiada de aquellas subastas, Forestalia aprovechó la posibilidad legal de tramitar en la Comunidad Autónoma los parques que iban a producir menos de 50 megavatios y troceó grandes parques en muchos pequeños. El Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico esas iniciativas y los propietarios de ese suelo agrícola solo pudieron agachar la cabeza o ser expropiados. Hoy, algunas zonas de Aragón tienen más molinos que habitantes, pero los políticos siguen hablando de despoblación, mientras en algunas manifestaciones dicen renovables sí, pero no así.
No se me oculta que no se puede afrontar el problema de la despoblación solo desde este expolio de los recursos naturales. Ni siquiera quito valor a los ingresos anuales que estos molinos, placas fotovoltaicas o embalses aportan a municipios pequeños y necesitados de dinero para mejorar la vida de sus vecinos. Pero me parece claro que ese modelo está lejos de ser justo y, desde luego, urge cambiarlo. Hace ya meses que el mismo Presidente Lambán habló de que esa producción de riqueza energética había de revertir en el desarrollo del territorio. Hasta hoy, nada de nada. Los políticos creen, como los lingüistas norteamericanos Searle o Austin, que hablar es hacer. Pero, no.
