El Gobierno abre la puerta a cobrar por circular en el centro de las ciudades

Para crear estas tasas para circular en el centro de las ciudades es necesaria una habilitación con rango de ley

El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha sido analizado este martes por el Consejo de Ministros, abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones y crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor al centro de las ciudades.

Así lo ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo donde esta nueva propuesta de ley ha recibido su primer visto bueno. “Se trata de un ambicioso paquete normativo que abarca gran parte de la actividad que desarrollamos en el Ministerio”, ha destacado.

Ahora, Transportes iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública.

También solicitará los informes preceptivos y demás procedimientos previos para la elaboración del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales como proyecto de ley.

Para crear estas tasas para circular en el centro de las ciudades es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Por otro lado, la nueva ley contempla obligar a las empresas con 500 o más empleados a que elaboren planes de movilidad sostenible al trabajo que, por ejemplo, faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bici en el transporte diario.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

Asimismo, la Ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

Vehículos autónomos

Paralelamente, incluirá herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, destacando la creación de un «sandbox» de movilidad, o lo que es lo mismo, un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de manera controlada.

En este contexto, la futura Ley introduce los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada.

En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer la innovación en este ámbito, y abre la puerta a que se desarrolle una regulación más detallada.

Financiación y peajes

También apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso. Así, recoge gran parte de las recomendaciones de la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y otros organismos, estableciendo análisis «ex ante» y «ex post» que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas.

El Anteproyecto faculta también al Gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

El texto no define ni concreta ningún modelo, y además establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental; buscará un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes.

A su vez, crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación a través de distintos instrumentos como un foro de cooperación entre todas las administraciones, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (Domos).

A este respecto, la nueva Ley garantiza la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. Además, establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo.

Por último, la contribución a la mejora medioambiental se completa con mayores exigencias de cálculo de la huella de carbono y puesta a disposición de la información sobre emisiones, así como con el impulso de sistemas de gestión ambiental y de la energía. También se apuesta por la gestión eficiente en las terminales de transporte, la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación o el establecimiento de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos.

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