La Fiscalía reduce a 11 años la pena para el guardia civil que acuchilló a su vecino en Huesca

Varios psiquiatras han pasado esta mañana a declarar en la Audiencia Provincial de Huesca

Vista para sentencia la agresión del guardia civil que acuchilló a su vecino y compañero de profesión en Huesca en 2020 por, según declaró el martes, “echarle radiaciones y ácido sulfúrico por las cañerías”. Esta mañana ha sido el turno para los psiquiatras que trataron al acusado, José Luis E.E., tanto antes de la agresión como después en la cárcel y ha habido unanimidad en que no puede ser imputable por este delito debido a la grave enfermedad mental que padece. Argumento que choca con el escuchado ayer en la Audiencia Provincial de Huesca en el que los médicos forenses que realizaron el informe tras la agresión consideran que, a pesar del delirio que sufría, era consciente cuando pegó las 14 cuchilladas a su vecino y las cuatro a su hija que trató de proteger a su padre. La Fiscalía ha rebajado la pena durante los informes finales de 20 años de prisión a once.

El doctor que trató a José Luis E.E. desde el 2014 hasta el parón del confinamiento y posterior ataque a su vecino ha declarado que su trastorno empeoró con el tiempo. En su última consulta, el acusado llegó a advertirle de que habían colocado micros en la consulta. Además, ha indicado que el confinamiento domiciliario y, según ha afirmado, el dejar de tomar la medicación “podría haber influido en la comisión del delito”. Este especialista ha considerado que es “altamente inimputable” por el fuerte delirio que sufría.

La médica que está actualmente tratándole en el centro penitenciario en el que cumple prisión provisional ha defendido que su sitio no es la cárcel y que allí “no está teniendo mejoría”. “En la cárcel se siente tranquilo porque en este medio no puede intervenir la Guardia Civil porque hay funcionarios que le protegen. Pero en ningún momento ha condicionado la disminución de la enfermedad mental desde que está en la cárcel”, ha continuado.

También ha sido el turno de la lectura de los informes finales de las partes en el que la Fiscalía ha decidió rebajar la pena de prisión de 20 a once años al entender que “el delito está vinculado a la trama delirante”. La acusación de la familia ha mantenido la pena solicitada de 25 años de prisión y no ha querido evaluar ni el atenuante por enfermedad.

La defensa del acusado también ha elevado a definitivas sus calificaciones y ha solicitado la eximente completa y que sea internado en un centro acorde a una correcta atención de su enfermedad mental.

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