Las comunidades aragonesas de regantes se beneficiarán de una nueva línea de subvenciones por valor de 21,3 millones de euros para crear regadíos en zonas declaradas de interés nacional o general para el Gobierno autonómico, o en áreas que correspondan al Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés. Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. De esta manera, el Ejecutivo ha desbloqueado 16 proyectos en esta índole desde el año 2016 para abarcar más de 45.000 hectáreas con una inversión en torno a los 264 millones de euros.
De ese montante económico, la DGA ha aportado 164 millones, a los que se suman (además de los 21,3 de esta convocatoria) otros 78 en mejora y modernización para hacer un total de 212 millones en cinco años de gobierno. “Los números del balance muestran a las claras nuestra apuesta por el regadío”, ha remarcado la responsable en materia presidencial.
A juicio de la socialista, se trata de un buen momento para incidir en la relación directa entre desarrollo de regadíos y política pública de apoyo a regadíos, y el impulso de la actividad humana en las zonas rurales. “Resulta muy importante para combatir la despoblación y sirve para cohesionar, vertebrar y ordenar el territorio, ya que genera una fuerte demanda de mano de obra y favorece la actividad comercial”, ha explicado. Asimismo, según ha matizado, se constituye como una gran oportunidad para poder desarrollar un proyecto vital en el medio rural.
En comparación con el secano, el regadío multiplica por 4,8 la generación de riqueza y por 4,5 la creación de empleo. Por este motivo, “es una gran noticia que el actual gobierno apueste por mantener esta política publica de primer nivel”.
Presumiblemente, esta nueva convocatoria de subvenciones se aprobará antes del próximo verano. Supone la continuación del programa iniciado por el Departamento de Agricultura en la legislatura pasada para facilitar la finalización de unas 25.000 hectáreas de regadíos en Aragón.
De este modo, se permitirá rentabilizar diferentes inversiones públicas ya ejecutadas, así como movilizar nuevas inversiones privadas en los amueblamientos de parcelas y en los cambios de cultivo, y conllevará la generación de economía endógena y de empleo en el ámbito rural.
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