El TSJA tumba el pasaporte Covid en residencias y hospitales

Desde el Gobierno autonómico están estudiando el auto para decidir si lo recurren

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha decidido tumbar la obligación de presentar el pasaporte Covid en hospitales y residencias de mayores, los únicos sectores donde seguía en vigor. Desde el Gobierno autonómico están estudiando el auto para decidir si lo recurren. Asimismo, han mostrado su “respeto” a las decisiones judiciales y reiteran que han tomado las medidas “que se han considerado necesarias” para “proteger la salud de los aragoneses”.

Los magistrados entienden que la medida adoptada por la Consejería de Sanidad (mantener el certificado Covid en centros sanitarios y residencias), con independencia de su mayor o menor efectividad, no contribuye a la seguridad sanitaria.

A este respecto expresan en su auto, que esta medida sanitaria “permite saber que los participantes en una actividad “de riesgo” o están vacunados o no tienen presencia de virus en su organismo, sin dar, como dice la propia orden, garantía absoluta de seguridad, o de inexistencia de contagios». «Se trata, como expresa la letrada del Gobierno de Aragón, de ofrecer espacios de mayor seguridad sanitaria y subrayar la importancia de la vacunación», añade.

La Sala, “en un determinado contexto sanitario”, ve razonable la medida por la especial vulnerabilidad de los pacientes y para lograr un ejercicio seguro de las visitas y residentes en ellos. Sin embargo, la valoración de los informes que les han sido remitidos por la Administración de Sanidad les lleva a entender que no es necesario el mantenimiento de esta medida (el pasaporte Covid en centros hospitalarios y residencias) y a considerar que su mantenimiento no va a producir un mayor beneficio en el desarrollo y evolución de la crisis sanitaria frente al impacto que tiene sobre los derechos fundamentales.

Por eso, concluyen que en el momento actual, «ni se percibe idónea, ni necesaria, ni proporcionado el mantenimiento de la medida», hasta el punto de justificar «el impacto que la misma genera en los derechos fundamentales afectados». Sobre la legalidad de la orden, el tribunal no se pronuncia al entender que esta es una cuestión que afecta al fondo del debate jurídico y no es una cuestión que se pueda entrar a valorar en este momento procesal.

Broto: «Respeto lo que dice el auto»

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha defendido este lunes tras conocer la decisión del TSJA que «respeta» lo resuelto por la Justicia aragonesa y ha avanzado que lo primero que hará el Ejecutivo autonómico será «analizar el auto». Después, «plantearemos cómo vamos a actuar a partir de este momento».

Broto ha reconocido que si la DGA ha solicitado todo este tiempo el pasaporte Covid, el certificado de vacunación o una prueba PCR a los visitantes de las residencias, ha sido «para proteger a las personas mayores». «Si siempre es importante proteger a todos, más lo es a las personas vulnerables», ha insistido la titular del ramo de Ciudadanía, quien de nuevo ha reiterado que el siguiente paso a dar es el de «estudiar el auto desde el punto de vista político y jurídico», «pero hay total respeto a lo que dice el tribunal».

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